Seguridad

DE LA PREVENCIÓN A LA REPRESIÓN

La historia y la lógica nos dicen que toda política de seguridad requiere de condicionamientos positivos que procuren estimular las conductas prescritas y el apego a las normas y de condicionantes negativos que procuren disuadir las conductas proscritas y el delito, es el balance que se consiga entre uno y otro el componente que definirá los campos de actuación policial deseable y posible.

En este orden de ideas, se crean en el país una institución tendiente a coadyuvar, junto a los Tribunales Penales, en la investigación del delito, recibiendo el nombre de Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ), asimismo se separa la investigación y la seguridad de Estado, creando para ello la Dirección General de Policía (Digepol), por otro lado continúa la función de policía ejercida por la Guardia Nacional.

La herencia dejada por la Seguridad Nacional se vio representada por un Estado represivo, en el cual continuaban ocurriendo violaciones a los Derechos Humanos tales como: asesinatos, desapariciones, torturas, allanamientos, detenciones ilegales, persecuciones políticas, entre otras; una de las víctimas que mayormente sufrieron estas represiones fueron los opositores políticos (izquierda) y los jóvenes estudiantes quienes tomaban las calles para protestar contra los atropellos, desaciertos y vicios de los gobiernos de turno.

La inclusión de los liceos en la onda represiva, junto al allanamiento de la Universidad Central de Venezuela con fuerzas militares y su cierre durante año y medio, por órdenes de Rafael Caldera, fueron los hechos más notables de la década de los 60. Ya para los 70, pese a que continuó la represión en los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, con las masacres de Cantaura y Yumare, y la emboscada militar de Tazón, la agitación estudiantil se revitalizó a mediados de la década de los 80, constituyéndose en la expresión más enérgica de la lucha popular contra las consecuencias de la crisis económica, la corrosión de las instituciones del Estado y la exclusión social.

Las calles se consolidaron como el mejor escenario para la lucha y el pueblo le fue perdiendo el miedo al aparato represivo gubernamental, al cual enfrentó de lleno en febrero de 1989 en los sucesos del Caracazo, primer estallido popular en América Latina contra las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional.

Cabe destacar, que la ilegitimidad de los medios represivos empleados y sobre todo, el irrespeto de los derechos humanos (garantías constitucionales), fueron las características más notables de la política utilizada en la materia de seguridad durante el inicio de la llamada Venezuela democrática. Otra de las incidencias fue la falta de legislación para el desarrollo de una política específica para la prevención del delito y el combate de la criminalidad.

Las instituciones que

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