Voluntad Preposicional En Los Servicios Publico

VOLUNTAD PRESTACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y RELACIÓN CON EL ADMINISTRADO.

Primeramente; definiremos la voluntad; como la capacidad o facultad humana; que mueve a la toma de decisiones a favor o en contra; de personas cosas o fenómenos externos.

La voluntad es el elemento esencial de todos los actos y negocios jurídicos; para que puedan surtir efectos ante al derecho.

Siendo la administración publica; esencial en la actividad correspondiente al poder ejecutivo; y se refiere a la gestión, que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general. Dicha atribución tiende a la realización de un servicio público al servicio de la ciudadanía sin ningún tipo de distinciones, de privilegios o discriminaciones.

Visto desde esta nueva perspectiva esto implica el cambio de una cultura y de unos hábitos organizacionales; que obstaculizan el ejercicio de la función del Estado, y lo derivan hacia la satisfacción de interés de particulares; con lo cual facilita la corrupción, la ineficacia e ineficiencia.

Es por ello que nuestra carta magna en su articulo: 141; tipifica.

<< La administración publica esta al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función publica, con sometimiento pleno a la ley y al derecho>>

Relación entre el administrador y el administrado:

Administrador: Estado (Mandatarios).

Administrado: Sociedad (Pueblo).

Los administrados son individuos sometidos a la jurisdicción del estado, los cuales en países donde se goza de sistemas democráticos; los administradores son elegidos voluntariamente por los administrados.

Los actos administrativos constituyen una parte esencial en la administración pública para el logro de sus objetivos, pues, es a través de ellos que el Estado manifiesta su voluntad de prestar el servicio público; para lo cual el administrado lo coloca al frente de la administración, estas son herramientas utilizadas por la actividad administrativa; para alcanzar fines políticos, jurídicos, económicos y sociales.

Los derechos deberes y garantías de los administrados.

En el marco de la creación del nuevo texto constitucional ya no se puede observar al administrado como sujeto pasivo de la relación: administrador-administrado, sino recordando el preámbulo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela del cual podemos citar << el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica >> esto significa la consagración amplia del derecho a la participación en los asuntos públicos de todos los ciudadanos y ciudadanas; en un sentido amplio abarcando la participación en el proceso de formación, ejecución y control de la gestión publica.

Base Legal art.: 62.

Por tanto debe el administrador (Estado) facilitar la apertura de espacios; que nos permitan crear políticas, a través de programas sociales; que eduquen al ciudadano para el ejercicio de la gestión pública; con el fin de materializar la participación ciudadana dentro de la administración pública.

1.- Responsabilidad Patrimonial de la Administración en materia de Servicios Público.

La Administración Pública esta al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y en sus ejecutorias dará preferencia a requerimientos de la población y la satisfacción a sus necesidades, la misma debe desarrollar su actividad y en consecuencia se organizará de manera que el particular le sean oídos sus reclamos y acceda a los servicios que por obligación debe prestárseles.

Los venezolanos y venezolanas tienen el derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública sobre el estado, de las actuaciones en que estén directamente interesados y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Igualmente, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicios de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática, en materia relativa a seguridad interior y exterior, investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regula la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permite cesura alguna a los funcionarios públicos que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.

Cuando una norma no esta prevista en la constitución, recibe el nombre de inconstitucional. La misma, esta sujeta al servicio público con interés general; sin ningún tipo de distinciones, de privilegios o discriminación esto implica el cambio de una cultura y de unos hábitos organizacionales.

Dentro de la responsabilidad patrimonial, tiene su fundamento en la honestidad, la participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad. Esto es algunos de los aspectos que deban ejercer los funcionarios dentro de la Administración Pública, se podría definir entonces que la responsabilidad pública, es el compromiso que tiene cada funcionario que la integra con objeto de prestar un bien colectivo, como son los servicios que ofrece a la comunidad a través del patrimonio que lo constituye.

Otro concepto de la Administración Pública, es la que esta conformada por el conjunto de órganos y entes que estructurados en la administración Pública Centralizada y la Administración Pública Descentralizada integran el Poder Ejecutivo , tanto nacional, estadal y municipal y a los cuales se le ha asignado fundamentalmente la función administrativa del Estado.

1.1.- Principios Constitucionales.

Es preciso mencionar que la administración pública se rige principalmente por la Carta Magna que de manera muy contundente contempla que la misma está al servicio de los Ciudadanos y Ciudadanas en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de la administración pública, en tal sentido se citan los siguientes principios que soporta la Administración Pública en el ejercicio de la responsabilidad patrimonial, tales como:

• El Principio de la Legalidad:

Este Principio garantiza la seguridad jurídica. Según León Duguit: “Toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y controlado por los gobernantes”.

Constituye el principio en base a todas las atribuciones de los órganos del poder Público que deben estar previamente definidos o establecidos en la Constitución y en las leyes, por lo que todas las actuaciones de los órganos del Poder Público tienen que estar sujetos o vinculadas a las atribuciones que le hayan sido conferidas por la Constitución o las leyes, en los términos y finalidades por ellas establecidas.

Este principio se debe ejercer al servicio del ser humano, por lo tanto debe ser el vehículo de la legalidad del Estado. El Estado es el servidor público del pueblo. Este servicio en ocasiones puede llegar a vulnerar a las personas por tal motivo, es necesario regular la actividad desplegada por los órganos y personas responsables de ejercerlo.

El ejercicio del mismo, debe sujetarse a ciertas reglas, las cuales deben comprender mecanismos para la protección y garantía de los ciudadanos. Este Principio se extiende a todas las ramas del derecho, estableciendo un orden jurídico a las actividades diarias de todas las personas que habitan el Estado. En materia Constitucional, persigue que todas las acciones que emanan del Poder Público se encuentren en completa armonía con las reglas del derecho. La Constitución desarrolla la conducta que debe perseguir la Administración Pública.

Actualmente, el Principio de Legalidad se ha apoyado, no solo en la concepción tradicional de la supremacía de la Ley, sino además en el principio de la legalidad jurídica, estableciendo como norte, la subordinación de los actos del poder público, a las leyes y reglas del derecho.

Este el principio tiene su base legal en los artículos: 7, 20, 131, 137, 138, 141, 259, 274 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y Articulo 4, 5, 8, 10, 13 y 14, de la ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP).

“El que abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada, y gana cuanto le consagra”

Simón Bolívar

• El Principio de la Responsabilidad de los Funcionarios:

Este principio de responsabilidad, se rige para todos los órganos del Estado, que ejercen el Poder Público, y por ende la Administración Pública, que además recoge otra norma tradicional de nuestro constitucionalismo, y es el principio de responsabilidad individual de los funcionarios públicos en el ejercicio del Poder Público. Tiene su base legal: en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en sus artículos 25,26,30,49,139,140,145,146 y en la ley Orgánica de la Administración Pública (CRBV) 8,10.La responsabilidad de los funcionarios públicos es una institución esencial en el estado de Derecho.

Según el concepto doctrinal, incurre responsabilidad administrativa el agente público que, en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, afecta la disciplina o el buen funcionamiento del servicio. Las infracciones a los deberes del funcionario, se sancionan con medidas disciplinarias.

Es de acotar que la responsabilidad civil del funcionario público, que en el ejercicio de sus funciones,

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