Camisas Moradas

Delator

Como ministro de justicia y asesores adoptaríamos la posición del tercer comisionado, quien recomienda obrar de inmediato, judicializando los casos que son evidentes, y numerosos como para hacer caso omiso a ellos. Es claro que durante el régimen de los “camisa moradas”, quienes ejercían el poder, violaban la constitución vigente; constitución que no cambiaron al llegar al poder; incumpliendo sus deberes como gobernantes y violando los DDHH a sus gobernados, derechos fundamentales que habían jurado y que tenían el deber de garantizar a los ciudadanos.

Ahora debemos reconocer que durante ese régimen se cometieron delitos de lesa humanidad, por lo tanto es pertinente tomar “cartas en el asunto” porque según el Estatuto de Roma de 1988 ratificado por Colombia, y que hoy hace parte del bloque de constitucionalidad, los delitos de lesa humanidad NO prescriben, por tanto, el órgano judicial debe asumir de inmediato la investigación de dichos crímenes y otorgar a las víctimas y sobrevivientes los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

De la misma forma, debemos tener claro que si este nuevo régimen no interviene de inmediato y judicializa penalmente a estas personas que violaron flagrantemente los derechos humanos, especialmente contenidos en el capítulo de Derecho y Garantías fundamentales y los contenidos en el estatuto de Roma, la Corte penal internacional (CPI) con sede en la haya, intervendría juzgando a estas personas y podría acarrear sanciones para nuestro país.

Ahora bien, si la Corte Penal Internacional no asume la competencia, si podría hacerlo la Corte Interamericana de derechos humanos sede en San José de Costa Rica, previo paso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington.

Como régimen vigente en nuestro país, se procederemos de inmediato a judicializar a los miembros del pasado régimen de los “camisas moradas” teniendo en cuenta el Art.2. De la constitución Política el cual no dice “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” Esto en función de garantizar la vida, libertad, convivencia pacífica y demás derechos y libertades de la sociedad Colombiana.

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