Contaminacion Ambiental

MERCURIO POR MINERÍA ILEGAL YA LLEGA A 80 MUNICIPIOS

Contraloría advierte contaminación en aguas y riesgo, porque el mercurio permanece en peces.

Ya son 80 municipios, de 17 departamentos, los que están contaminados con mercurio, producto de la extracción ilegal de oro.

Una investigación de la Contraloría General de la República concluye que esa contaminación avanza de forma descontrolada, sobre todo en escenarios con complejos problemas de orden público y desórdenes ambientales.

La situación más dramática se vive en Chocó, como lo reveló EL TIEMPO el pasado domingo. En este departamento el 90 por ciento de la minería que se practica es ilegal y daña cuencas claves como las de los ríos Cabí, Andagueda, San Juan y Quito.

Bolívar también vive una situación grave. Allí se reporta contaminación en 17 lugares, como Soplaviento, Simití, Pinillos, Santa Rosa del Sur y Arenal. Las alarmas también están activadas en Antioquia, sobre todo en Zaragoza, Segovia, Remedios, Amalfi y Tarazá, y, quién lo iba a creer, esa contaminación afecta ya a los ríos Amazonas e Inírida, en Guainía.

Villamaría, Marmato y Supía (Caldas), Cartagena del Chairá (Caquetá), así como en la ruta Santander de Quilichao, Caloto, Caldono y Toribío (Cauca) registran el mismo problema con el mercurio. A todos ellos se unen Córdoba, Huila, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

La Contraloría advierte que detrás de esta contaminación se esconde una alarma para la salud pública, porque el mercurio es altamente tóxico, no se degrada de manera natural y se está acumulando en los peces de agua dulce.

Jorge Enrique Cruz, contralor ambiental, le explicó las consecuencias de los datos hallados, como el hecho de que sobre la cuenca del río Cauca, en Bolívar, el metal ha sido ingerido por los lugareños a través del pescado y ha provocado, en algunos de ellos, temblores en las manos, pérdida de memoria y disminución de su coeficiente intelectual. “Los bebés de las mujeres embarazadas que se exponen al mercurio siempre estarán expuestos a sufrir malformaciones”, explica la entidad.

Cruz también se mostró alarmado porque se detectó una enorme debilidad institucional para hacer controles y medir la incidencia de esta contaminación en la calidad de las aguas para consumo o para servicios ambientales, ya que ninguna de las corporaciones autónomas regionales (CAR) se encuentra acreditada por el Ideam para el análisis de mercurio en aguas o lodos, ni se están monitoreando las concentraciones de mercurio y cianuro en las cuencas hidrográficas.

Tampoco hay registros o estudios oficiales que indiquen la existencia de programas de monitoreo acerca de la concentración de mercurio en las toneladas de sedimentos que deja la búsqueda del metal.

¿Cuál es la zona más impactada?

Pensaría que es la zona de Zaragoza, sobre el río Dagua. Allí encontramos fuertes daños a la dinámica del río y a sus zonas de inundación. Un aumento muy importante en las cargas de sedimentos (esto hace el caudal más vulnerable a inundaciones), además de contaminación no solo con mercurio, sino con cianuro y líquidos combustibles. También una seria afectación a obras de infraestructura, como a las bases de los pilotes del viaducto en construcción para el Ferrocarril del Pacífico. En Zaragoza ya hay hoy una notoria disminución de la actividad extractiva ilegal de oro, pero estos daños ambientales han quedado allí, sobre la flora y la fauna.

¿Qué análisis hace de Chocó?

Hemos encontrado lugares donde la comunidad se ha opuesto a la minería, pero quedan impactos como pozos de agua contaminada. Y surge otro problema: esa agua comienza a filtrarse en el suelo y se desborda cuando llueve mucho. A lo que se suma el hecho de que esos líquidos acumulados comienzan a atraer insectos, con el impacto consecuente que esto tiene para la proliferación de enfermedades como dengue o malaria.

¿Existen otras consecuencias asociadas a este hecho?

Desplazamientos. Hay familias que por la influencia de los grupos armados y su interés por practicar minería ilegal, han tenido que salir de los lugares donde habitan. No solo por seguridad, sino porque con la maquinaria instalada y la contaminación con estas sustancias, pierden sus fuentes de agua y deben reubicarse. Pero además fractura la unión de las comunidades, porque el minero ilegal o dueño de los equipos, o de un eventual título, llega en ocasiones a sitios sagrados de los indígenas, convence a un sector de aceptar la extracción y los enfrenta a quienes se oponen a su presencia.

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