Enlatadora De Puerto Colon

En marzo de 2006, la Junta Directiva de la enlatadora de Puerto Colón, única empresa grande de la población pesquera del mismo nombre, se encontraba reunida discutiendo su frágil escenario financiero. Factores como la disminución de las capturas, las trabajas regulatorias para la importación de insumos y repuestos, la regulación de los precios de los alimentos enlatados y la desmotivación de los socios para invertir más capital ante la incertidumbre del sector, los llevaban a preguntarse si debían cerrar la planta.

La semana anterior, un grupo de activistas ambientales y estudiantes habían protestado frente a la sede de las autoridades locales, denunciando los efectos contaminantes de la planta, y amenazaban con continuar las protestas si no tomaban acciones contra la empresa. La prensa local había reseñado la noticia y se escuchaba que otros medios comprobarían las denuncias. Aunque estaban conscientes de que había procedimientos que se debían corregir, los representantes de la empresa pensaban que las protestas eran exageradas y que la apertura de una investigación ambiental precipitaría la decisión de cierre.

El cierre significaría un duro golpe para los empleados y los pescadores, ya que era la única fuente de empleo de la comunidad. La empresa tenía más de tres décadas de fundada y la dinámica del pueblo se movía alrededor de ella, incluyendo episodios como el apoyo de la enlatadora a las solicitudes de los habitantes para la reparación de la escuela y el dispensario y la realización de eventos deportivos y fiestas religiosas, entre otros. Hacía ya varios meses que los rumores de cierre habían extendido entre los trabajadores y la comunidad. El malestar se manifestaba en distintas formas desde “grafitis” en las paredes en contra de la planta, hasta cartas de la asociación de mujeres pidiendo que reconsideraran su decisión.

Ante esta conmoción, algunos dirigentes políticos vieron la oportunidad de reclamar ante las autoridades de la zona la intervención de la planta, cuestionando la gerencia de la misma. Sabían que podían obtener ventajas políticas con el discurso en contra de los dueños de la empresa y resaltaban además las condiciones de pobreza en que vivía la comunidad.

Durante la reunión de la Junta Directiva, y con el conocimiento de las declaraciones de los políticos locales, David Magallanes, presidente de la

enlatadora, vio una nueva oportunidad para la empresa. Su propuesta era que se redefiniera la propiedad de la planta y los empleados conformaran cooperativas. Esa posibilidad la había visto en otras empresas, pero como una iniciativa del estado. El resto de la Juna Directiva no simpatizaba con idea, pero tampoco se opina a la propuesta; les preocupaba que se perdiera la productividad de la planta, no solo porque ellos se quedarían sin empresa, sino porque los pobladores de Puerto Colón se quedarían sin empleo.

Magallanes sabía que debía tomar una decisión en el menor tiempo posible. La idea del cierre había movilizado a los directores, empleados, políticos, activistas y a la comunidad. Así, los primeros que se pusieron de acuerdo para conformar un grupo ad hoc, invitando a diferentes actores de la comunidad para intentar resolver la difícil situación que se presentaba en este pequeño poblado costero. A medida que se ganaba tiempo, trataban de incidir sobre las decisiones de los grupos con posiciones radicales para encontrar una solución que beneficiara a todos.

La Gobernación, junto con la delegación del Ministerio del Ambiente, aceptó la invitación para la formación del comité, acción que fue aplaudida por el resto de los afectados. En la casa de la Cultura de Puerto Colón, lugar destinado para la primera reunión, se encontraban presentes, junto con David Magallanes, el señor Carlos Gil, director de Política de la Gobernación; el licenciado Leandro Rauseo, director de Relaciones

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