Inseguridad En Mexico

Hablar de inseguridad en el país se ha tornado un tema cotidiano, en el que los ciudadanos de México lo hemos convertido en algo “natural”; y sobre todo, un tópico al cual, desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado. Nos encontramos en un país que a lo largo de los años se ha caracterizado por una falta de armonía entre su gobierno, sus leyes y su realidad; esto se origina desde la época colonial. En la ineficiencia de la burocracia española y las diferencias entre el marco legal y la aplicación de criterios administrativos (Parkes, 2006).

México, un país azotado por la ineficacia de las autoridades, el desempleo, la corrupción de políticos y elementos de seguridad pública, así como el narcotráfico –y la relación del mismo con casi todos los sectores del país- e incluso una economía altamente irregular se perfila como una nación que lejos de encontrar una salida a todos sus problemas, se encuentra más ligada a ellos que nunca.

Mientras un delincuente sepa que las posibilidades de ser atrapado son nulas, el tamaño de la pena es irrelevante. El sistema penal en el país no funciona. Los delincuentes saben que pueden cometer incontables delitos sin ser detenidos. No existe un miedo de los delincuentes hacia las autoridades. Son muy pocos los que terminan en la cárcel.

El incipiente sistema de seguridad nacional sobre seguridad pública tiene su fundamento en el artículo 21 constitucional, que establece que el estado es el responsable de prestar este servicio.

Artículo 21. La seguridad pública es la función a cargo de la federación. El distrito federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. La federación, el distrito federal, los estados y los municipios se coordinaran. En los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.

Sin embargo, antes de continuar la crítica al sistema judicial del país, así como realizar algunas observaciones a la cuestión de la inseguridad, se cree oportuno hacer algunos comentarios sobre la forma en que opera el sistema de protección civil en el país.

La seguridad pública no se limita a la prevención, incluye la persecución e investigación de los delitos cometidos. Es decir la prevención del delito, la procuración, administración y ejecución de sanciones que conlleva. El sistema judicial en México se puede dividir en cuatro etapas: prevención del delito, procuración de justicia, administración de justicia y el sistema de ejecución de sanciones (prevención y readaptación social).

La prevención del delito se refiere a todas aquellas políticas, medidas y técnicas encaminadas a inhibir las transgresiones a la ley, como la vigilancia policial en lugares públicos, campañas contra el consumo de drogas, los retenes en las carreteras, campañas para fomentar una cultura de legalidad, los programas de atención a grupos vulnerables a cometer delitos o a ser víctimas.

Se instrumenta desde el poder ejecutivo, mediante la Secretaría de Seguridad Pública, que se encarga de la prevención a nivel federal y también del control de la policía federal preventiva.

La procuración de justicia está a cargo de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de Justicia Estatales son parte del poder ejecutivo. Si ocurre un delito y se denuncia, se levanta una averiguación previa ante el Ministerio Público (MP).

Se puede iniciar de dos maneras: con la denuncia o cuando alguien es detenido en flagrancia y presentado ante el MP de oficio. El MP ordena una investigación hecha por la policía judicial (policía investigadora) y peritos especializados que integran una investigación para ser presentada al juez.

La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial de la Federación. Está compuesto por tribunales, jueces y magistrados. Ellos llevan a cabo los procesos judiciales, en cuanto el MP les presenta una averiguación previa.

Se encargan de determinar si existen suficientes argumentos que sustenten las acusaciones presentadas para girar órdenes de aprehensión. Si se decide aprehender al individuo el juez solicita una serie de pruebas, escucha los alegatos de ambas partes y decide si condena o absuelve al sospechoso. El acusado tiene derecho a apelar la decisión del juez y llevarlo a segunda instancia.

La ejecución de sanciones (sistema penitenciario) está a cargo del poder ejecutivo. El sistema de readaptación social es parte del sistema nacional de seguridad pública y es administrado por la Secretaría de Seguridad Pública.

En México, las condenas tienen como finalidad resarcir el daño y readaptar al infractor. Los centros de readaptación social se organizan según la jurisdicción a la que están adscritos: el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), para delitos federales; el Centro de Readaptación Social (CERESO) para delitos del fuero común; los consejos tutelares de menores y las cárceles municipales.

La aplicación de la ley con respecto a la seguridad pública es muy ambigua. A pesar que el presupuesto destinado a la seguridad pública14 es muy alto no se reparte de forma equitativa. No existe una relación directa entre el gasto público y los índices delictivos. Aún cuando se tiende a gastar cada vez más en seguridad pública, la delincuencia no parece disminuir.

Los estragos que la inseguridad ha logrado imponer en el país no se limitan a un sector o a una zona, por el contrario, este fenómeno ha logrado impactar en la vida de los empresarios, políticos, deportistas, agricultores, ambiente artístico e incluso en el área del campo.

Así, sin importar las campañas mediáticas e iniciativas (públicas y privadas) a favor de la paz de esta nación, el reclamo de un pueblo hastiado de crímenes no se ha hecho esperar y la incertidumbre del “qué pueda pasar” embarga a la mayoría de los habitantes de México.

La impunidad con la que se manejan los crímenes en este país se ha convertido en un fenómeno casi inseparable de la propia cultura del mexicano, términos como “darle un calentón”, “mordida”, “darle un escarmiento”, “enciérralo un rato”, entre muchos otros términos de nuestra ya acostumbrada forma de expresarnos se convierten en acciones que de una u otra forma nos hemos hecho habituales.

Pero ante este ambiente de pesimismo, existen muchas características rescatables y loables que los mexicanos tienen; ejemplo de ello es la convicción por realizar las cosas, la entrega y tenacidad que tienen cuando se trata de llevar a cabo un proyecto, y quizá el más notorio el sentimiento de solidaridad de apoyarnos los unos a los otros cuando se presentan situaciones adversas.

Sin embargo, este apoyo lo solemos desarrollar/brindar cuando como sociedad nos vemos mellados o lastimados. Ante ello, se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué esperar a que a estemos en la premura? ¿por qué no desarrollar acciones o planes estratégicos que prevengan o mitiguen el mal que la inseguridad trae consigo?

En el siguiente texto, se proponen algunas respuestas a estos cuestionamientos, mismas que de manera utópica y sustentada en diversos elementos legales podrían traer grandes beneficios para este país.

De esta forma, hablar de planes a favor de la nación nos conlleva a una lluvia de ideas y de planteamientos que como mexicanos nos vemos en la necesidad de expresar. En esta ocasión, no se trata de “copiar” algo ya probado, pero si de emular aquellas acciones que en otras partes del mundo han rendido frutos y sobre todo, son prueba de que sí es posible llevarlas a cabo si se tiene la tenacidad, el “hambre” de llevarlas a cabo.

Ante todo, debemos recordar que al proponer un plan de prevención se debe tomar en cuenta la propia idiosincrasia de los mexicanos, sería imposible compararnos con otras sociedades, México tiene sus propias necesidades, su propio entorno geográfico, su propia cultura económica, establecimientos y raíces culturales; por ello antes que nada se debe poner en contexto esta clase de elementos.

Sobre este punto, es importante recordar que México es un país milenario, su cultura y ricas tradiciones ejercen un gran peso considerable sobre los habitantes, el bagaje folclórico tampoco se puede dejar de lado, por ello, es innegable que al momento de proponer es imperante recordar esta clase de elementos, pues son precisamente ellos los que nos ayudarán a establecer un parámetro adecuado.

La gente que conforma este país, surge del núcleo familiar, de la unidad que se destila en las casas, somos una sociedad “muégano”, nos gusta hacer las cosas en grupo, festejar, compartir, y sobre todo sentirnos con el apoyo de terceros; pero también vivimos en una sociedad que no perdona el éxito ajeno, estamos en constante búsqueda de lo negativo en nuestros semejantes y si percibimos algún ápice de buenaventura en otros, buscamos interrumpirla y truncarla.

Mencionar estos elementos tiene una justificación cuando se tratan de elaborar nuevos planteamientos en materia de legalidad y del propio beneficio para quienes habitan este país, pues no es posible hablar de una mejora para la sociedad si no se entiende, al menos, la superficie de la misma.

Así, como primera propuesta en materia legal, creo que sería interesante considerar la llamada “Tolerancia Cero” en algunas regiones del país; en particular esta idea se toma en cuenta a partir de los efectos positivos que esta Ley tuvo en Nueva York durante los años 90´s cuando el Alcalde Rudolph Giuliani se vio en la necesidad

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