LA DEUDA EDUCATIVA DEL ESTADO COLOMBIANO CON LA RURALIDAD

05/03/2022 / / SÁBADO     / /001

EL PAÍS OLVIDADO.

EL PAÍS OLVIDADO.

LA DEUDA EDUCATIVA DEL ESTADO COLOMBIANO CON LA RURALIDAD.

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Las situaciones que generan malestar en los habitantes del sector rural colombiano, mayormente son ocasionadas por la precariedad de las condiciones de vida y de los servicios que deberían garantizar la satisfacción de necesidades básicas. Cabe mencionar que, algunos de estos factores tienen que ver con la carencia de oportunidades, empleo, la invisibilización de ciertos grupos poblaciones por parte del gobierno, la falta de servicios públicos, y el asunto que nos compete aquí, el difícil acceso a la educación rural.

Conforme al censo nacional agropecuario (2015), Colombia presenta altas tasas de analfabetismo en la ruralidad en mayores de 15 años, determinando que esto, corresponde al 12.5%, casi 4 veces más que los datos nacionales para las zonas urbanas, registrando éstas un 3.3%.

Para nadie es un secreto que, generalmente, en el campo, la educación representa un reto, dado que no se cuenta con la infraestructura adecuada y suficiente, ni con la dotación de material necesaria, a lo que se le suma, la inexistencia de servicios públicos esenciales (energía, agua potable, alcantarillado, conectividad), la falta de docentes y personal cualificado, las largas distancias que deben recorrer los niños y las niñas para llegar a un centro educativo, lo cual representa en un número de casos significativos, poner en riesgo la vida misma.

¿Poner en riesgo la vida? Sí, debido a que los trayectos que deben cruzar los niños no se encuentran en buenas condiciones y deben hacer uso de “medios de transporte” improvisados, por ejemplo, en el Municipio de Acacías – Meta, la

adolescentes en los territorios rurales no tienen una vida digna.

De la mano también va (y se ven afectados) el acceso al sistema de salud y el desarrollo socioeconómico de las comunidades campesinas o rurales. Este último, al igual que otros aspectos, (lo social, lo económico, lo cultural, lo político, etc.) se fundamentan en la educación para poder progresar e innovar. La educación de calidad posibilita el agenciamiento de capacidades, la toma de decisiones, mejores oportunidades de vida, empleo, y la participación ciudadana.

Se propone, además, el Plan Especial de Educación Rural (2018), que hace parte de uno de los propósitos del acuerdo de paz. Este se formuló basado en los principios de equidad, igualdad de oportunidades y bienestar social, para brindar educación de calidad. En este plan se reconocen retos como las infraestructuras inadecuadas - insuficientes, falta de recursos humanos, de servicios públicos esenciales y de materiales necesarios. Para muchos, el llegar a las escuelas es una travesía… El contenido de este plan es rico en ideas y estrategias para mejorar la situación, pero en el gobierno de turno (Iván Duque) no se prioriza esta cuestión, se puede decir, que se hace a un lado.

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En el contexto colombiano, históricamente pueblos, comunidades, poblaciones, grupos étnicos, han sido invisibilizados, debido a la distinción entre unos y otros por sus creencias, culturas, características fisiológicas, privilegios económicos, políticos y sociales, que desencadenaron profundas desigualdades y discriminaciones, lo que generó múltiples formas de violencia, y que ciertos grupos ejercieran una clase de poder sobre “el resto”.

A pesar de la modernización del Estado, el pasar del tiempo y los cambios en los imaginarios sociales, en la actualidad,  

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comunidad construyó una polea que está a 600 metros de altura y resulta la única ruta de acceso para que los niños y niñas lleguen a la escuela, debido a que un deslizamiento de tierra, ocasionado por las fuertes lluvias, arrastró el puente colgante y además de eso, se llevó el salón de la institución educativa. Dicha polea, no cumple con ninguna medida de seguridad, los niños deben llevar en su maleta un lazo para poder cruzar.  En igual medida, en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander, los estudiantes deben cruzar el río en una canoa improvisada, que consta de dos tablas en las cuales se debe desafiar el equilibrio, enfrentar el caudal y probablemente encontrarse con animales salvajes (cocodrilos).

Casos similares viven niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos, en municipios y veredas del país, para ir a estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud, etc. Florencia - Caquetá, Ibagué -Tolima, El Playón - Santander, y muchos otros casos develan las condiciones de los caminos que tienen que recorrer gran número de ciudadanos para ejercer sus derechos y alcanzar su desarrollo o un mínimo de calidad de vida.

Ahora bien, existen políticas como, La Política Nacional de Infancia y Adolescencia, en la cual se destaca, que el objetivo general es generar condiciones de bienestar y acceso a

indígenas, afrocolombianos, campesinos, mujeres, personas en situación de vulnerabilidad, comunidades LGBTIQ+, Rom, entre otros, siguen estando fuera del paisaje de las instituciones gubernamentales e incluso, de la población civil. En ocasiones, el bienestar y la calidad de vida de ellos, no está dentro de los intereses y voluntades de los gobernantes.

Uno de los mayores impedimentos en la implementación de políticas para la educación en la ruralidad, es la tan legitimada corrupción, que permea el curso de vida de las acciones, decisiones y comportamientos de quienes hacen parte de un Estado. En el caso de Colombia, la corrupción se ha configurado como un común denominador en las relaciones con los demás y con el entorno.

Lo que aquí compete, con respecto al acceso de los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad en el campo, que garantice el cumplimiento de los derechos humanos, la dignidad, la protección a la integridad y el fortalecimiento de capacidades, se ve interrumpido por la satisfacción de intereses particulares de quienes asignan y destinan los recursos para este fin. Las personas esperan durante mucho tiempo una respuesta de las entidades responsables, para que contribuyan a solventar su necesidad y se les permita recibir este servicio. A falta de dicha respuesta, los actores sociales deben buscar entre ellos mismos alternativas que, aunque no sean idóneas en términos de seguridad, les facilitan acercarse a las escuelas. Pero allí también se encuentran con muchas otras dificultades que frenan este proceso.

¿Cómo es posible que ante ésta situación nadie se pronuncie al respecto?, ¿Quién responde por los riesgos a los que se enfrentan los niños y niñas diariamente?, ¿Por qué la solución se plantea dos o más años después?, ¿Por qué es un fenómeno constante y repetitivo en distintas zonas del país? Porque estos territorios, a conveniencia de algunos, son el país olvidado, invisibilizado y silenciado.

Otra forma de corrupción, es la normalización y a su vez, romanización que los medios de comunicación promueven frente a esas formas de desplazamiento que los niños, niñas y

oportunidades con equidad para los niños, niñas y adolescentes, bajo el principio de dignidad humana, para así contribuir al desarrollo humano y al fortalecimiento de capacidades. En resumen, en esta política se propone pensar las estrategias pertinentes y/o políticas públicas para cumplir con su principal propósito, sin embargo, si se compara con la realidad, en múltiples aspectos esto no se materializa.

En ese sentido, es claro que estos marcos de decisión para la acción se quedan solo en el papel, son un primer impulso para las soluciones de problemas, pero no concretan nada, lo que como consecuencia se ve reflejado en la vulneración de derechos humanos por parte de las instituciones del Estado.

Adicionalmente, en dicha política, se hace énfasis en la importancia de la educación para este grupo poblacional, como un servicio que se garantice de forma efectiva, que proteja y prevenga posibles riesgos o amenazas a la integridad física y psicológica, lo cual no es muy coherente con las situaciones que viven niñas y niños en la ruralidad; largos trayectos, transportes improvisados e inseguros, condiciones precarias de las instituciones, de las vías, que ponen en peligro la vida y obstaculizan el desarrollo integral. A groso modo, los niños, niñas y

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adolescentes se ven obligados a emplear, creando así una compra de voluntades y/o intereses, o influyendo en estos, al compartir la información de manera que admiran la “berraquera” y las ganas que tienen estos sujetos de salir adelante, responsabilizando a la comunidad de cuestiones que son un deber de la administración estatal.

Finalmente, retomando el tema de las políticas existentes, en ellas se hace una

invitación a la formulación de políticas públicas que especifiquen el accionar en un determinado territorio, con características y dinámicas sociales diversas. Es importante también considerar que no es necesario llenar el papel con muchas políticas, sino que, las existentes y las necesarias se cumplan a cabalidad y se les dé seguimiento, sin la tergiversación de los intereses. (que prime el interés público sobre el privado).