La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)

Sabemos ya que los derechos humanos son un conjunto de garantías jurídicas que protegen a las personas contra actos y omisiones de las autoridades, cualquiera que sea su nivel o materia, cuando dichos actos y omisiones vulneran derechos básicos de las personas, tanto físicas como jurídico-colectivas; esto, de conformidad con lo previsto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con base en ello, es especialmente relevante analizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), desde el enfoque de la protección, promoción y defensa de los derechos humanos, pues no puede soslayarse que el mencionado tratado internacional es un instrumento jurídico de observancia obligatoria para las/os servidoras/es públicas/os sin distinción, teniendo la ineludible obligación de adoptarlo con base en el principio de interpretación extensiva y no restrictiva en beneficio de las personas con discapacidad.

Desde esta perspectiva, el Estado mexicano está obligado conforme a lo previsto por el artículo 4 de la CDPD, a implementar políticas públicas, realizar acciones legislativas, administrativas y de toda índole, para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad.

Por ello, esta Convención funge como el instrumento jurídico de referencia, en aras de adoptar medidas e implementar acciones congruentes con el modelo de derechos humanos. Ello incluye, necesariamente, la forzosa transformación de los esquemas actuales en el sistema jurídico mexicano, a través de normas y procedimientos que tengan en cuenta las necesidades y requerimientos específicos de las personas con discapacidad, en tanto gobernadas.

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