La República

La República es una forma de gobierno en la que nadie es más que nadie; donde todas las autoridades están sujetas a periódica elección y en la que el ejercicio de los poderes públicos se encuentra limitado a la responsabilidad ante los ciudadanos, al Derecho y la Razón.

La República es un modo de organizar los asuntos públicos, basado en las urnas, la separación y recíproco autocontrol de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Un sistema basado en el respeto a los Derechos Humanos, en el que las armas no confieren el poder, sino únicamente la voluntad de la mayoría, culta e informada, expresada en paz y democracia.

Además, todos los cargos electos son revocables por el propio electorado. En República nadie debería temer a su propio Estado son más bien los gobernantes quienes deben dialogar, preguntar y respetar a la ciudadanía, empezando por asumir el carácter incuestionable de los derechos, libertades y garantías constitucionales que asisten colectiva e individualmente a todos los ciudadanos.

En República no hay más límites que la imaginación y la voluntad del pueblo, por tanto, de todo se puede hablar y no hay nada excepto el racismo, el machismo u otras formas de discriminación, que no se pueda someter a las urnas: la salvaguarda de la cultura, la estructura económica de la sociedad, la autodeterminación de los Pueblos, el trazado de las fronteras, etc.

La República es el respeto de la libertad de culto y no culto de la ciudadanía, pero sin permitir injerencias políticas de las organizaciones religiosas. Ningún credo merecer subvención pública, habiendo antes tanto por hacer y tan poco para hacerlo. En República, por tanto, el Estado debe ser laico desde la raíz hasta la bandera, para empezar, por cuestión de igualdad, puesto que favorecer cualquier opción, sería un agravio para las demás.

Una República no puede destruir la esencia de la democracia, valiéndose de artimañas como una legislación electoral fraudulenta o mediante la capacidad para ilegalizar ideas legítimas que incomoden al poder establecido. Una República decente no puede prestarse a cooperar en las tareas de exterminio de la población civil de otros países, con el objetivo de satisfacer las pretensiones expansionistas de otras potencias, ni siquiera a cambio de dinero, influencia o supuesta estabilidad: no se comercia con el genocidio. La República renuncia al uso de la guerra como instrumento de política nacional

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