Ley 20500

Hace unos días se publicó en el diario oficial la ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, un avance significativo en el fortalecimiento de la participación ciudadana en el desarrollo y decisión de las políticas públicas.

Si entendemos la participación como aquella acción a través de la cual la ciudadanía, individual u organizadamente, se involucra en las decisiones que afectan sus vidas, en mi opinión uno de los aspectos más significativo de las leyes el cese de la “buena onda” desde la acción del Estado y su institucionalidad en materia de participación.

La ley rescata plenamente el derecho de asociación y la participación como algo ya no fortuito, sino como una acción activa, permanente y consciente que producto de los cambios que ha tenido nuestra sociedad, hace repensar al Estado, demandando su reconocimiento hacia la ciudadanía en el mejoramiento de la gestión pública concretizado en obligaciones estatales, y no sólo como acciones o voluntades que dependan de la autoridad política de turno.

Algunas de las principales propuestas de la ley 20.500 que permitirían transformar el patrón vertical en la relación ciudadanía-Estado, sus instituciones y políticas son, entre otras:

1.-Reconocimiento del principio de la libertad de asociación “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos…” (Art.1º) “..Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, ni a integrarse o a permanecer en ella. La afiliación es libre, personal y voluntaria. Ni la ley ni autoridad pública alguna podrán exigir la afiliación a una determinada asociación..” (Art.3º)

2.-Fortalecimiento del principio de transparencia ”Es deber del Estado promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil…el Estado, en sus programas, planes y acciones, deberá contemplar el fomento de las asociaciones, garantizando criterios técnicos objetivos y de plena transparencia en los procedimientos de asignación...

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