Poder Legislativo

Poder legislativo

Las facultades más importantes de un Estado son tres: crear las leyes que regulan el funcionamiento de la sociedad, administrar dichas normas y concretar el desarrollo de las políticas de carácter público. Esto permite dividir al Estado en tres grandes poderes, ejercidos por distintas instituciones: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo.

El poder legislativo radica en la facultad de desarrollar y modificar las leyes. De este modo, una institución (que, en un régimen democrático, es el Parlamento o Congreso) se encarga de la regulación de los derechos y de las responsabilidades de los ciudadanos, de acuerdo a lo establecido por la Constitución.

Los diputados y los senadores son los funcionarios que se encargan de proponer nuevas leyes y de modificar las ya existentes. Cuando se pretende hacer referencia a este cuerpo o a los órganos que componen la institución, el concepto de Poder Legislativo debe escribirse con mayúsculas iniciales

Cabe destacar que el Poder Legislativo no sólo se ocupa del desarrollo y de los cambios en la legislación, sino que también se encarga de controlar las acciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, teniendo la posibilidad de impulsar juicios políticos.

Cuando algún sector toma el Poder Ejecutivo por la fuerza, es habitual que disuelva el Poder Legislativo, ya que los regímenes de facto dejan en suspenso la aplicación de la Constitución.

El Poder Legislativo está compuesto por una Cámara en la Asamblea Nacional; representada por diputados y diputadas representantes de los estados y pueblos indígenas de la República; en los estados representa este poder el Consejo Legislativo

La asamblea nacional está constituida por 165 diputados

Poder ejecutivo

En esta oportunidad nos centraremos en el poder ejecutivo, cuya función es garantizar el cumplimiento de las leyes desarrolladas a través del poder legislativo y administradas de acuerdo al poder judicial. El poder ejecutivo, en otras palabras, está vinculado a la gestión del funcionamiento estatal en el día a día.

El poder ejecutivo de un Estado democrático recae en funcionarios elegidos a través del voto popular. Las elecciones permiten que la población elija a las personas que actuarán como sus representantes en la toma de decisiones que conciernen a la sociedad en general.

De acuerdo al sistema en cuestión, el poder ejecutivo es encabezado por un presidente, un jefe de Gobierno o un primer ministro. Este mandatario suele tener la facultad de elegir a sus ministros y secretarios, que actúan en un ámbito determinado (encargándose de lo que concierne a la economía, la salud, el turismo, etc.).

Es importante saber que el citado poder ejecutivo a su vez se puede dividir en tres, según la función que realiza:

-Función reglamentarita, que es el conjunto de tareas que se desarrollan a través de lo que son decretos y normas.

-Función política, que es la que realiza con el claro objetivo de conseguir que los ciudadanos puedan ver satisfechos sus intereses de la mejor manera posible. De ahí que suponga tener que tomar medidas que surgen y que no están desarrolladas por leyes o normas previas. En concreto, en este apartado se pueden incluir desde acometer intercambios comerciales con otros países hasta nombrar ministros.

-Función administrativa. Bajo esta denominación se incluyen todas las labores que se desarrollan tanto desde los distintos ministerios como desde el resto de órganos, tales como empresas del estado. Asimismo también alberga a las tareas realizadas en gobernaciones, delegaciones, secretarías de estado o intendencias.

Es importante resaltar que el funcionamiento del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial es interdependiente: un poder no puede pasar por encima de otro. El funcionamiento coordinado de los tres poderes está establecido por la Constitución de cada Estado.

poder judicial

El poder judicial es la facultad estatal que permite la administración de justicia a través de la aplicación de las leyes. De este modo, el Estado resuelve litigios, protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir las obligaciones y responsabilidades inherentes a cada parte de la sociedad

El Poder Judicial, de este modo, puede proteger al ciudadano de eventuales abusos cometidos por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. El funcionamiento del Poder Judicial, a su vez y al igual que el resto de los poderes, está regido por la Constitución (que reúne las normas fundamentales que regulan la actividad del Estado).

Si el presidente de un país (máximo líder del Poder Ejecutivo) comete un abuso de poder y viola los derechos de los ciudadanos, el Poder Judicial puede salvaguardar los intereses de las personas mediante diversos recursos. En cambio, si quien actúa mal es un funcionario del Poder Judicial, el Poder Legislativo tiene la facultad de someterlo a un juicio político.

El máximo representante del Poder Judicial es el Tribunal Supremo de Justicia y su principal función es controlar la legalidad y la constitucionalidad de los actos que lleva a cabo el Poder Público, basando su ejercicio en las leyes y la Constitución. Tiene autonomía funcional, administrativa y financiera y lo conforman diferentes salas, entre las que se encuentran la penal, la constitucional, la electoral y la social. Dichas salas, a su vez, constan de magistrados.

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