Principios Universales y las Metas de la Vida

Principios

I. INTRODUCCIÓN

La incorporación de los derechos humanos a la Constitución mexicana hace mucho más que modificar el lenguaje normativo. La nueva redacción trae consigo el reconocimiento de un abundante cuerpo jurídico de origen inter- nacional y, principalmente, una forma de concebir la relación entre el Estado y las personas y grupos, orientada a ampliar su ámbito de protección. En particular, el artículo 1o. diseña un orden constitucional fundado en la dinámica propia de los derechos humanos, al incluir la interpretación conforme, que trae consigo no sólo el desarrollo jurisprudencial de los derechos, sino también criterios de aplicación e interpretación propios del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), como el principio pro persona. Asimismo, explicita las obligaciones del Estado en su conjunto para desarrollar las condiciones estructurales necesarias para la realización, mantenimiento y avance de los derechos humanos.

En este sentido, la reforma constitucional en materia de derechos humanos revaloriza a los tratados internacionales en la materia dentro del orden jurídico mexicano, y con ello introduce implícitamente las sentencias, resoluciones, informes, observaciones generales, opiniones consultivas y demás insumos provenientes de los comités pertenecientes a las Naciones Unidas,1 de los diversos órganos jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos,2 así como de los relatores temáticos o por país que también pertenecen al sistema de la ONU, que conforman lo que se conoce como corpus iuris del DIDH.3 Este amplio cuerpo de documentos permite enumerar los derechos humanos, y, en especial, identificar la forma en que esos derechos operan al relacionarse con las obligaciones internacionales a cargo de un país. En efecto, los instrumentos internacionales establecen, a la par que derechos, obligaciones particulares y generales a la luz de las cuales deben ser y han sido leídos los derechos. El párrafo tercero del mismo artículo 1o. constitucional establece que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad ...”.

La Constitución se refiere a lo que podemos llamar los derechos en acción. Es decir, la constante construcción de los derechos humanos, donde éstos no son vistos como meros postulados o límites estáticos, sino como una compleja red de interacciones hacia su interior y entre ellos. Es de la lógica del funcionamiento de esta red, expresada en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de la que nos ocuparemos en las siguientes páginas. Mientras que el desenvolvimiento de los derechos y sus interacciones con las obligaciones se analiza a partir de los criterios de aplicación e interpretación, los principios de los derechos humanos que aquí examinaremos se ocupan de regular al sistema de derechos humanos en su conjunto.

De esta forma, la reforma constitucional en materia de derechos humanos tiene múltiples consecuencias en varios niveles. Los derechos y sus obligaciones no están dirigidas sólo a los jueces, magistrados o ministros del Poder Judicial, sino a todos los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal, local o municipal. Éste es un hecho muy claro desde el derecho internacional de los derechos humanos, que incluye la generación de responsabilidad de derechos humanos, incluso en los Estados federales, por actos realizados por cualquier autoridad a nivel local o municipal.

En lo que sigue nos interesa analizar los cuatro principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a partir de dos movimientos: la explicación conceptual del principio y su aplicación práctica (en general y/o en materia de justiciabilidad). Nos responderemos ¿para qué sirven y cómo se usan los principios de universalidad,

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