Principales Problemas Ambientales

Principales Problemas Ambientales

Débil gestión integrada de los recursos hídricos, evidenciada al menos por el manejo de la cuenca del Lago de Valencia, la situación ambiental de los embalses de Maricora (Falcón) y la Mariposa (Miranda), y el inapropiado manejo de las aguas servidas y residuales que contaminan las fuentes de agua superficiales y subterráneas, deterioran el paisaje, y comprometen los atributos físico-químicos y naturales de ríos, riachuelos, lagunas, lagos y playas a nivel nacional. A este problema se une la mala gestión de las lluvias, y el limitado tratamiento y acceso al agua potable.

• El incremento en la contaminación atmosférica en los principales centros urbanos, producto principalmente de las emisiones de fuentes móviles, cuyos sistemas de supervisión y control parecen haberse debilitado en los distintos municipios de las principales capitales. Al congestionamiento vehicular se une la falta de planes integrales de transporte público eficiente y no contaminante, que estimule la renovación de las unidades y la ordenación del tránsito terrestre. Vale destacar que el parque automotor de transporte colectivo, tiene un promedio de operación de 15 años.

• El inapropiado manejo de los residuos y desechos sólidos (principalmente domésticos), tanto desde la fuente como en los sistemas de transporte, tratamiento y/o disposición final, en particular dentro de las grandes ciudades. Especial preocupación existe por la cantidad de vertederos y botaderos que proliferan en el país, manejados sin criterios sanitarios ni ambientales, así como la cantidad de desechos que continúan siendo dispuestos sin el debido tratamiento final. El reciclaje continúa siendo una panacea pues su acción no alcanza ni 10% del total de los residuos producidos en el país. Expertos también reportan la utilización de algunas playas del Estado Vargas como botaderos de material de escombros de construcción con la aparente aprobación o permiso por parte del gobierno local.

• Vertidos de hidrocarburos a cuerpos de agua, como el derrame en el Río Guarapiche en el estado Monagas, o el de las proximidades de la comunidad Guepe al sur del estado Anzoátegui. Vale destacar que según cifras oficiales en el 2011 ocurrieron 4.052 derrames, entre hidrocarburos y vertidos de otras sustancias químicas. Esa cifra supone un incremento de 69,33% con respecto a los 2.393 derrames registrados en el 2010. A ello deben sumarse las emisiones tóxicas derivadas de la explosión en la Refinería de Amuay en el Edo. Falcón.

• Mal manejo fitosanitario de árboles urbanos en las principales ciudades del país, incluyendo la realización de podas severas inapropiadas, y pérdida de árboles por enfermedades, stress hídrico o exposición a agentes contaminantes atmosféricos. Destaca, en ciudades como Maracaibo, la sustitución de la flora autóctona urbana por plantas de rápido crecimiento como el Nim, afectando principalmente a la avifauna local.

• Derroche de agua y energía eléctrica como prácticas habituales de la iudadanía, pese a las crisis de los sectores energético e hídrico. Los esfuerzos educativos, informativos, persuasivos y coercitivos en esta materia, parecen no haber logrado los resultados esperados. Mal manejo de especies domésticas, en particular el descontrol que existe en cuanto al inventario de estos animales a nivel municipal, su control veterinario y el retiro de animales atropellados en las calles, avenidas y autopistas, este último considerado como crítico. La Ley de Animales Domésticos se cumple poco y no es conocida por la colectividad.

• Pocos esfuerzos en materia educativa ambiental, que formen en valores a la ciudadanía y promueva nuevas actitudes en favor de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Muchos de los esfuerzos desarrollados en el período evaluado se articulan más en campañas publicitarias que educativas, olvidando la necesidad de permanecer en el tiempo para lograr los cambios de conducta necesarios en la materia, a los fines de abordar y resolver los principales problemas ambientales que afectan al país.

• La basura electoral constituyó un componente de preocupación para la ciudadanía, dado el poco o ningún compromiso por parte de los candidatos de las diferentes opciones partidistas para su recolección y posible reutilización, incluyendo la afectación de las áreas públicas con grafitis, murales, pendones y afiches usados en forma desproporcionada, afectando las áreas públicas.

• La basura proveniente de la promoción de espectáculos, también ha incrementado notoriamente el deterioro del paisaje urbano. Muchas de estas pancartas o pendones no son retirados al finalizar los eventos, afeando las ciudades, contaminando el ambiente y desaprovechando materiales que pudieran ser reutilizados o reciclados.

• Anarquía en el subsector de motos dentro del sistema de transporte público con

emisiones atmosféricas y sonoras sin control, incluyendo el uso inapropiado de las vías que contribuyen al caos vehicular de las principales ciudades, el irrespeto a la

normativa vigente y su peso específico en los altos niveles delincuenciales.

• Carencia de planes y estrategias eficientes que permitan conocer, comprender, manejar y generar los mecanismos para minimizar los impactos del cambio climático e impulsar las medidas de adaptación. La segunda Comunicación sobre Cambio Climático, así como el plan y la estrategia nacional para mitigar sus efectos y desarrollar los mecanismos de adaptación, siguen siendo una deuda con el país.

• Pocos esfuerzos en la planificación, monitoreo y conservación de las áreas protegidas, cuyos planes de ordenamiento y manejo se encuentran desactualizados en su mayoría, sin programas a mediano y largo plazo que aseguren su conservación a perpetuidad.

• Amenaza de afectación de linderos de los Parques Nacionales con proyectos urbanísticos, como fue el caso del P.N. Los Médanos (Falcón), que contó con la valiente negación de los funcionarios medios de INPARQUES.

• Debilitamiento de la función de guardería ambiental y de control, con pocos operativos visibles y ejemplarizantes para controlar el comercio ilegal de flora y fauna en las carreteras y en las grandes ciudades, así como la ocupación espontánea de áreas protegidas, el desarrollo de proyectos urbanísticos sin las evaluaciones de impacto ambiental, la extracción de biodiversidad de las áreas naturales y el incumplimiento de las normas ambientales vinculadas a las actividades capaces de degradar el ambiente.

• Persistencia del comercio ilegal de animales y plantas silvestres, especialmente

en las carreteras de San Felipe (Yaracuy), Barlovento (Miranda), Morón (Carabobo), Chichiriviche (Falcón), Píritu (Anzoátegui), y las áreas del Delta del Orinoco (Amacuro) y Guayana (Bolívar).

• Mal manejo de residuos y desechos electrónicos, considerados como peligrosos. Las empresas comercializadoras no informan apropiadamente ni estimulan a sus clientes a disponerlos al final de su vida útil, pese a que algunas de ellas poseen estrictos controles que les obligan a actuar con mayor responsabilidad en otros mercados internacionales.

• Mal manejo de medicinas vencidas, consideradas como peligrosas. Las empresas productoras y comercializadoras deben impulsar el desarrollo de campañas de retorno de los medicamentos una vez vencidos, bien sea a las farmacias o a los laboratorios.

• Proliferación de sistemas de generación de energía eléctrica altamente contaminantes operados con diesel y/o gasoil, aunado al poco incentivo e inversión para impulsar el uso de energías limpias y/o renovables, como la eólica, undimotriz y solar.

• Mal manejo de vectores, que ha traído como consecuencia la proliferación de enfermedades metaxénicas que pueden transmitirse de otros animales a seres humanos (zoonosis), o entre los seres humanos a través de insectos u otros animales (zooantroponosis), las cuales deben tratarse como un problema sanitario y ambiental, y que ha afectado a un grupo importante de la ciudadanía. A ello se une la poca información disponible y a que los currícula vigentes no abordan de manera integral y pedagógica enfermedades como el Chagas, Dengue, Paludismo, Malaria, Bilharzia, entre otras.

• Falta de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos estadales y municipales. En particular la descoordinación es notoria entre gobiernos de distintas

tendencias políticas, olvidando que el ciudadano tiene el derecho constitucional a vivir en un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado como derecho humano fundamental, y es el Estado quien debe velar por la plena vigencia de este derecho.

• Inapropiado manejo de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes, y poco conocimiento que rige la materia de pesticidas y/o plaguicidas en el país, lo cual puede generar consecuencias tanto para quienes administran y manipulan estas sustancias, como para los ecosistemas en los cuales son suministrados.

• Falta de información fidedigna en los productos y alimentos que se comercializan, demostrado por el uso de etiquetas incompletas en información, algunas de ellas sin incluir permisos sanitarios o certificaciones ambientales, o de ser el caso, información sobre organismos modificados genéticamente (transgénicos).

• Débil estructura de planes de contingencia ante desastres socionaturales, como sismos, inundaciones, incendios forestales y otros, incluyendo la falta de centros apropiadamente equipados para monitorear los fenómenos y atender a los afectados.

Ausencia de una política ambiental dirigida a favorecer un turismo ambientalmente

sustentable,

...