Consultas populares

Consultas populares

Ante el resquebrajamiento de la institucionalidad representativa liberal -legitimidad en toma de decisiones-, en Guatemala contemporáneamente se ha incrementado el ejercicio de consultas populares, concebidas como “una convocatoria para que la ciudadanía decida o exprese mediante el voto su opinión sobre asuntos de índole constitucional, propuestas legislativas o temas de importancia nacional”. Los casos de 1994 -lógica posgolpista- y de 1999 -racismo e ideologización a viva piel- son los antecedentes próximos a este fenómeno polémico

FRANCO MARTÍNEZ MONT

y mal interpretado por los detractores de la reingeniería democrática.

Las consultas populares están reglamentadas en el artículo 173 de la Carta Magna, Convenio 169 de la OIT, y solamente tienen un ámbito de aplicación nacional, su municipalización aún es un tema tabú y urgente en aras de territorializar la participación ciudadana y otorgar un carácter vinculante a sus resultados, esto implica replantear la aprobación del fallido reglamento en esta materia, a manera de atenuar la existente conflictividad social y avanzar hacia una gobernabilidad ambiental.

La práctica de consultas populares en Latinoamérica y Guatemala tienen una larga historicidad que se remonta desde el período colonial —cabildos de indios—, hasta nuestros días, donde ahora la apuesta es democratizar los sistemas políticos y diseñar un modelo de desarrollo socioeconómico, basado en un enfoque de planificación pública territorial y de mercados estratégicos (Magleby, 1992), consensuado plenamente con actores dignos y visionarios sobre la ruta crítica del Estado global.

Quizá la coyuntura actual sea pertinente para plantear un debate más serio y profundo sobre esta temática, ya que el próximo año se llevará a cabo la consulta popular en torno al diferendo territorial con Belice y surge la propuesta “progresista” del Ejecutivo para reformar el artículo 125 de la Carta Magna, que establece que el Estado podrá ser el titular de hasta el 40 por ciento de la propiedad o participación patrimonial de toda empresa que explote recursos naturales, ambos son de suma importancia política.

Según el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, durante 2008-2011, se realizaron 36 “Consultas Comunitarias de Buena Fe”, lideradas por diversas organizaciones sociales en comarcas donde se desarrollan o pretenden desarrollar proyectos mineros e hidroeléctricos.

Como colofón, las consultas populares producen efectos sociales en tres vertientes, a saber: a) económica, pues desde los gobiernos locales se gestionan mayores ingresos fiscales, y además son considerados como líderes soberanos del desarrollo con responsabilidad ambiental; b) sociocultural, dado que en la comunidad se afianzan

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