Estatuto del Estado actual

Estatuto del Estado actual

“La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado (...), y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad” (Artículo 4, Constitución Bolivariana de la República de Venezuela)

“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia ..., y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador” (Artículos 1 y 2, Constitución Bolivariana de la República de Venezuela)

“El Presidente o Presidenta de la República es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del gobierno” (Artículo 226, Constitución Bolivariana de la República de Venezuela)

El período presidencial es de seis años, y el Presidente puede ser reelegido de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período.

La elección del Presidente se hace por votación universal, directa y secreta. Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 18 años de edad.

El actual Jefe de Estado y de Gobierno es el Sr. Hugo Chávez Frías, quién resultó electo en 1998 para el período constitucional 1999-2004, pero luego de entrar en vigencia la nueva constitución (1999), al igual que el resto de los poderes públicos, se sometió a un proceso de relegitimación resultando electo para el período constitucional 2000-2006. El 11 de abril de 2002 se produjo un golpe de estado qué intentó derrocarlo, pero el pueblo y la Fuerza Armada Institucional lo repuso en el poder.

La Descentralización es un proceso que ha generado a nivel Latinoamericano una gran controversia, debido a sus múltiples y variadas posibilidades que ofrece para lograr que un Estado y sus entes gubernamentales puedan gerenciar de la manera más eficaz posible; de esta forma el estudio del caso venezolano que trabajamos es un tanto complicado y difícil de analizar, ya que para el momento en que los recién electos gobernadores y alcaldes estrenan la gestión descentralizada, el país ya se encontraba sumido en una profunda crisis económica, política y social que amenazaba con agudizarse. Los alcances obtenidos por nuestra investigación nos ha permitido deducir que los efectos tanto positivos como negativos del proceso de descentralización llevado a cabo en Venezuela han dejado profundas crisis que han empeorado la situación, trayendo como consecuencia un atraso considerable a la hora de elaborar programas o proyectos que sirvan para obtener un desarrollo sustentable tanto a nivel regional como local.

En el momento de la elaboración de los planes que tendrían que ser ejecutados por los entes gubernamentales para contrarrestar las demandas de la población en cuanto a servicios básicos, se vivía una inmensa tensión debido a las múltiples irregularidades que existían y perduraban en el seno del gobierno nacional, marcadas éstas por intereses partidistas y de orden económico, lo que se convirtió en un significativo atraso tanto para aquellos que elaboraban los planes como para el grupo que demandaba respuestas por parte del gobierno. Es por ello que resulta difícil aceptar que un enfrentamiento exitoso, por parte de los gobiernos regionales a los nuevos desafíos contextuales, pudiese

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