Garantías Y El Derecho Penal

GARANTÍAS Y EL DERECHO PENAL

LUIGI FERRAJOLI

El garantismo penal o derecho penal mínimo se refieren a una teoría y práctica jurídica que tiene como objetivo acometer a las leyes que van en contra de los principios constitucionales, evidentemente en materia penal, esta teoría tiene como objetivo minimizar el poder punitivo, no restándole autoridad a este, sino buscando la manera de erradicar la violencia de la intervención punitiva, es decir refiriéndose a su postestas no a su autoritas.

Esta teoría busca poner límites al poder punitivo con el único objetivo de tutelar los derechos de la persona, en cuanto a los delitos y al proceso que estos conllevan, desde la intervención de la autoridad, hasta el término del proceso penal. Las garantías se configuran como la justificación del derecho penal, es decir, existe el derecho penal para poder proteger y en su caso castigar los actos que violenten estas garantías estipuladas en la constitución, las garantías penales y procesales. Estas garantías no están sujetas al poder de la mayoría, sino por el contrario están sujetas (en materia penal) a la jurisdicción del Estado, pues es este quien perseguirá la acción y quien determinara la sanción correspondiente o en su caso que el acusado sea absuelto. Estas decisiones no están sujetas en lo mas mínimo a la voluntad de la mayoría. Lo que Ferrajoli busca es que la cantidad de violencia no únicamente en la sociedad en forma de delitos, sino también en las reacciones que tiene la autoridad frente a estos delitos sea reducida al mínimo, se habla de un “garantismo penal” puesto que las garantías van a servicio de la persona y en razón de sus necesidades axiológicas, de ahí deriva que se busque minimizar el poder punitivo para evitar la violencia; puesto que el poder punitivo es sancionador, es decir cuenta con coercibilidad, no es de extrañarse que exista un exceso de violencia tanto en la sociedad, lo que conduce al delito, como por parte del estado, cuando reacciona ante el delito; lo que conduce invariablemente a la violación de las garantías penales y procesales.

En conclusión es de suma importancia encontrar un balance mínimo entre el poder punitivo y la violencia que genera la misma sociedad y que éste trata de someter recurriendo, de igual manera, a la violencia, este balance se logra mediante políticas estrictas y justas en materia penal que velen por las garantías de los ciudadanos pero que también protejan al Estado y mantengan el orden.

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