Introducción A Las Áreas Marinas Protegidas (AMP)

Introducción a las Áreas Marinas Protegidas (AMP)

Conforme a la Constitución, el Estado de Chile tiene el deber de tutelar por la conservación de la naturaleza y asegurar el respeto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (1), para cuyo efecto la legislación otorga a una serie de instituciones públicas las facultades que permitan alcanzar dicho objetivo.

En el año 1994 se dictó la Ley N° 19.300 (2) de Bases Generales del Medio Ambiente que crea el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que obliga a cierto tipo de proyectos productivos a someterse a una evaluación ambiental previa a su entrada en operación, al que concurren todos los organismos públicos con competencia ambiental. Dicha ley creó además una nueva institucionalidad ambiental estableciendo la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, la que tiene por labor esencial coordinar a los órganos públicos en torno a las decisiones de política medio ambiental que son adoptadas por los ministerios competentes.

Dicha ley estableció además que existiría un sistema nacional de áreas silvestres protegidas por el Estado el que aún no ha sido desarrollado legalmente. En la actualidad son utilizadas una serie de figuras administrativas contenidas en diferentes cuerpos legales con diversos objetivos cuya potestad administrativa corresponde a diversos organismos estatales. En definitiva, no existe un sistema unitario de áreas terrestre y marinas protegidas (3).

Sin embargo, y dada la gran cantidad de normativa en esta materia, es posible sostener que se ha reconocido en Chile que las áreas protegidas juegan un rol fundamental en la protección de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental chileno. Estas áreas, en general, constituyen espacios geográficos delimitados con fines de conservación y preservación de unidades biológicas, que conllevan en si dos elementos básicos para la regulación legal: el recurso o unidad ecológica que se pretende proteger y el área jurisdiccional en que éste se encuentra.

1. ADMINISTRACIÓN DELTERRITORIO

Conforme a la legislación existen dos tipos de bienes estatales: nacionales de uso público y fiscales

a) Nacionales de uso público: son aquellos que pertenecen a la nación toda y, por ende, pueden ser usados por todos los habitantes del país, como por ejemplo, plazas, calles, etc.

b) Fiscales: los que pertenecen al Estado como persona jurídica y por ende, sólo pueden ser usados por las personas que la propia ley señala, como por ejemplo, los bienes destinados al servicio de un organismo público.

En el ámbito terrestre los bienes nacionales de uso público son administrados por las municipalidades, corporaciones autónomas que administran la unidad administrativa más pequeña en que se divide el país que es la Comuna. Por su parte, los bienes fiscales no destinados a otro órgano público, son administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales.

En el ámbito acuático el mar territorial, las playas, los terrenos de playa que no sean de propiedad privada, los lagos y ríos navegables por buques de más de 100 toneladas de registro grueso son bienes nacionales de uso público Estos bienes han sido entregados al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, para que ésta ejerza el control, fiscalización y supervigilancia.

En ejercicio de dichas funciones, se permite al órgano administrador conceder el uso particular, en cualquier forma porciones de agua y fondo de mar playas, terrenos de playa y rocas, a través de la institución de la “concesión marítima”, como asimismo destinarlos a otros organismos de la administración de Estado

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