Política Ambiental

Reconsideraciones: La política ambiental mexicana

El desarrollo de la política ambiental mexicana ha seguido un patrón definido. Durante las últimas dos décadas, los presidentes mexicanos han expresado un mayor compromiso hacia la protección ambiental, han promulgado leyes más enérgicas y han implementado programas más audaces. Por lo general, sin embargo, la retórica y las leyes han sido más fuertes que las acciones. A principios de los setenta, el presidente Luis Echeverría colocó los asuntos ambientales en la agenda política, pero fue firme en su compromiso hacia la industrialización. Una década después, el presidente Miguel de la Madrid hizo de los temas ambientales una parte importante de su discurso político, pero los asuntos económicos eran de la mayor importancia para él. Las políticas ambientales se han vuelto progresivamente enérgicas con el tiempo, pero los cambios no han sido revolucionarios, ya que los líderes mexicanos ni pusieron constantemente las preocupaciones ambientales por encima de los intereses industriales, ni demandaron una transformación radical en los estilos de vida personales.

El presidente Luis Echeverría (1970-1976) muy de mala gana colocó los temas ambientales en la agenda política. A diferencia del presidente Richard Nixon (1968-1974) en los Estados Unidos, Echeverría no estableció la legislación como respuesta a un movimiento ambientalista cada vez más fuerte. De hecho, sólo un pequeño grupo de académicos, ingenieros, funcionarios de salud y ciudadanos privados presionaron al presidente para poner freno a la contaminación.1 Echeverría actuó principalmente porque temía que la severidad de los problemas ambientales en México pudiera resultar en una inquietud política y económica. En 1973, comunicó sus preocupaciones a la Cámara de Diputados de México:

"El desarrollo de la tecnología y la industria junto con presiones demográficas han dado lugar a una gran concentración urbana sin servicios; por otra parte, la erosión, el deterioro de la atmósfera, la contaminación del agua, la disminución de la flora y la fauna, la mala nutrición, la baja productividad y las enfermedades producen inestabilidad política e inquietud social. Esta realidad nos obliga a evitar el peligro".2

Después de tres décadas de ser defensor del crecimiento industrial y tecnológico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) empezó a cuestionar el costo del progreso. Sin embargo, este partido, sin embargo, aún creía que la industrialización era la mejor estrategia de desarrollo para el país. Más aún, aseveraba que mediante la instalación de tecnología anticontaminante, la protección ambiental y la industrialización podían darse simultáneamente.3

Echeverría defendió vehementemente sus programas económicos ante cuerpos internacionales que criticaban las rupturas sociales y ambientales producidas por la industrialización. En un discurso en 1971 ante las Naciones Unidas, Luis Echeverría declaró desafiante, que la industrialización era la única alternativa viable para las naciones del Tercer Mundo: "La industrialización frecuentemente ha producido contaminación, pero uno no debe tratar de detener el proceso de desarrollo ni aún aceptar algunos medios para suspender el avance de la industrialización en los países más pobres".4En 1975, Echeverría presentó su visión de las causas principales de los problemas ambientales ante el Club de Roma, un grupo que había patrocinado un influyente estudio sobre los limites futuros del crecimiento.5 Él identificaba el "subdesarrollo" más que el "sobredesarrollo", como la principal causa de las tragedias ambientales del Tercer Mundo. En particular, sostenía que era el sistema económico que habían organizado las "naciones desarrolladas" con el fin exclusivo de obtener ganancias monetarias y no de industrialización y crecimiento tecnológico, la causa de la escasez de recursos y de la degradación del ambiente. De acuerdo con él, el grueso de los problemas ambientales de México había sido causado por corporaciones multinacionales y por la pobreza que se originaba en la incapacidad de éste país para beneficiarse del sistema internacional de comercio.6 El punto que no mencionó era que muchas corporaciones multinacionales invertían en México porque no tenían que sujetarse a las leyes ambientales de la nación.7

Echeverría vociferaba que el Tercer Mundo no debía tener que limitar su crecimiento para que los países ricos tuvieran mayor acceso a sus recursos. Como parte de su programa para obtener el control de sus recursos naturales para beneficio de los mexicanos, Echeverría declaró en 1976 una zona económica exclusiva de 200 millas partiendo de las costas mexicanas.8 No sorprendía que fuera un ardiente partidario del Tratado de la Ley del Mar, que autorizaba la expansión del control nacional sobre los recursos marinos y les garantizaba a las naciones del Tercer Mundo una parte equitativa de las ganancias que se acumularan de la extracción de minerales submarinos.9

Echeverría se quejaba de que los países industrializados estaban haciendo demandas irrazonables a los países del Tercer Mundo en el área de control de la contaminación y en el uso de las materias primas de la tierra. Para él, la preservación del ambiente era una responsabilidad común, cuyos costos deberían ser distribuidos de acuerdo a las posibilidades financieras de cada país. Le molestaba que los mismos países industrializados que habían impedido el desarrollo de las naciones del Tercer Mundo, estuviesen pidiendo a esas mismas naciones que invirtieran más de sus recursos en la protección ambiental.10

En su país, Echeverría mostraba mayor simpatía por la causa de la protección ambiental. Reconocía que la tierra y el agua tenían límites que no podían ser excedidos sin repercusiones perjudiciales, y prometía atacar sin dilación el problema de la contaminación.11 En 1971, promulgó la primera pieza de legislación contra la contaminación en México: la Ley para la Prevención y el Control de la Contaminación. Esta ley abarcaba en su enfoque paliativos para los problemas ambientales. Particularmente propuso remedios tecnológicos para los males ambientales del país. Desde la perspectiva de Echeverría, este enfoque tenía ventajas obvias. Podía aparecer como que tomaba medidas para controlar la contaminación, sin tener que interrumpir la producción industrial o sin tener que imponer a la gente un cambio en sus estilos de vida.

Como sus contrapartes en los Estados Unidos, los funcionarios mexicanos habían visto tradicionalmente a la contaminación como un problema de salud pública. Los decretos norteamericanos de Aire Puro y de Agua Pura (1970 y 1972) y la Ley para el Control y la Prevención de la Contaminación mexicana sólo ampliaron parcialmente esta perspectiva para incluir la amenaza que representaba la contaminación para el mundo natural. El reglamento de la ley mexicana declaraba que "la contaminación del ambiente constituye una grave amenaza para la salud pública y causa la degradación de los sistemas ecológicos en detrimento de la economía nacional y del desarrollo armónico de la sociedad" y "es necesario controlar la contaminación ya que pone en peligro la vida y el bienestar de los hombres, las plantas y los animales."12 Pero el hecho de que el gobierno colocaba a la Subsecretaría de Mejoramiento Ambiental dentro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia era un serio indicativo de que los funcionarios del gobierno estaban más preocupados por la amenaza que representaba la contaminación para la salud humana que por la que representaba para los ecosistemas. Más aún, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Secretaría de Recursos Hidráulicos mantenían el control sobre la explotación de los recursos naturales del país. Estas secretarías estaban más empeñadas en la ampliación de la agricultura que por la integridad del medio ambiente. La iniciativas ambientales de Echeverría se limitaban al control de la contaminación.13 Además no combinó la protección del ambiente y la conservación de los recursos naturales en un solo programa de mantenimiento ecológico.14

México y los Estados Unidos lanzaron leyes para control de la contaminación muy similares. Ambos gobiernos fijaron normas de emisiones para fuentes puntuales de contaminación del agua y del aire, obligaron a las industrias a instalar equipos anticontaminantes, ordenaron a los fabricantes de automóviles producir mejores motores, asignaron recursos económicos para plantas de tratamiento de aguas negras, y fijaron multas para todos los que violaran las leyes. La ley mexicana obligaba a todas las industrias a registrarse ante el gobierno. Además, establecía procedimientos para que los ciudadanos mexicanos pudieran reportar a los contaminadores con el gobierno, un medio que se volvió significativo después del surgimiento de un movimiento ambientalista durante los ochenta. La ley contra la contaminación de México también ofrecía estímulos fiscales y otros incentivos para la descentralización de industrias y servidores públicos desde la Ciudad de México hacia ciudades más pequeñas en el interior de la República. Pocos empresarios y burócratas, sin embargo, estaban dispuestos a dejar el centro de poder económico y político.15 En un sentido, la descentralización de la industria y de la población era todavía otra solución tecnológica a los problemas de la contaminación nacional, en este caso, apoyándose en la ingeniería social más que en la ingeniería civil.16

Muchos aspectos de la ley mexicana para la prevención y el control de la contaminación fueron aplicados débilmente. Como sus contrapartes

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