Suelos

formulación de los proyectos. Esta participación ayudaría a generar una planificación estratégica de los planes de riego con la participación directa de los usuarios quienes son los que conocen verdaderamente sus necesidades. De todas maneras esta participación debe ir acompañada por una veeduría estatal; este deberá garantizar la buena utilización de estos recursos hídricos por ser estos recursos públicos.

3.2.2. Tarifas:

Según la ley 99 de 1993 uno de los principios que rigen la utilización de los recursos hídricos es que el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. Teniendo en cuenta lo anterior el Estado debe regular el sistema de indicadores que garanticen que todos los ciudadanos tengan acceso a agua potable y saneamiento básico de acuerdo a sus necesidades. Esta es una prioridad ya que la prestación eficiente de estos servicios repercutirá en los índices de productividad del país y por ende en los niveles de crecimiento.

El sistema de tasas, tarifas, estratificación, subsidios y facturación, entre otros deben corresponder a la realidad del país y de cada uno de los usuarios. Para eso el estado debe establecer unos estándares mininos y máximos de consumo, propendiendo que las tarifas establecidas por las empresas prestadoras de los servicios logren auto subsistir por medio del cobro de las tarifas.

A partir de la nueva Constitución de 1991 se desencadenaron una serie de cambios institucionales y normativos que llevaron al sector de los servicios públicos a una etapa de transición. En este periodo se utilizo por primera vez el término de “Servicios públicos domiciliarios” ( SPD)

La necesidad de darle un nuevo rumbo al tema de los SPD en el país surgió a partir de una acumulación de problemas y vacíos tanto jurídicos como en la prestación del servicio. La falta de credibilidad en las instituciones debido a la deficiente prestación de los SPD; la debilidad financiera y gerencial de las empresas del sector; la imposibilidad de generar un modelo de desarrollo sostenible fueron las principales causas que llevaron a plantear la necesidad de una reestructuración del sector.

Frente a la importancia y gravedad del problema, la constitución del 91 decidió otorgarle al tema de los SPD todo un capitulo, reconociendo tres principios básicos:

a. los indicadores de calidad de vida y salud dependen del acceso a estos.

b. Los SPD son necesarios para mejorar la productividad de las empresas.

c. El estado debe destinar grandes recursos de inversión y crédito para desarrollo del sector.

Así mismo la constitución de 1991 estableció que los SPD son inherentes a la finalidad social del estado, a partir de lo cual se establecieron los siguientes principios:

1. Derecho a la prestación eficiente (entendida como “el logro del máximo rendimiento con los menores costos, siempre y cuando existan condiciones de competencia”).

2. Derecho a la libre iniciativa empresarial.

3. Derecho

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