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Comprensión y Producción de Lenguaje 2

Rossmery AsurzaMonografía16 de Septiembre de 2016

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Comprensión y Producción de Lenguaje 2

2014-1

Fuentes para la DD2

Fuente 1

Qué es un subsidio indirecto

Los subsidios son beneficios del Gobierno que brindan apoyo al destinatario. Estos beneficios permiten que el receptor funcione mientras hace un gasto menor de su propio dinero. Por ejemplo, los cupones de alimentos son un subsidio directo del Gobierno para las familias de bajos ingresos. El Gobierno también subsidia a la industria agrícola haciendo pagos directos a los agricultores para que puedan funcionar incluso cuando el precio de los bienes fluctúa. Los gobiernos establecen subvenciones por una variedad de razones, que incluyen el apoyo a las exportaciones internacionales, la protección de las industrias nacionales de las importaciones baratas, la promoción de los objetivos importantes de la política, la protección del interés público y para promover agendas políticas.

Subvenciones directas versus indirectas

Cada vez que un subsidio adopta la forma de un pago en efectivo o subvención a un beneficiario, normalmente se considera un subsidio directo. Cualquier beneficio no monetario que recibe un beneficiario que le ayude a operar o competir es típicamente considerado como una subvención indirecta. El beneficio se considera que es indirecto porque su propósito primario puede no estar relacionado con el receptor o no está diseñado solamente para el receptor, pero proporciona un beneficio significativo para el receptor tangencialmente.  

[Adaptado de MASTERS, Terry Qué es un subsidio indirecto (consulta: 14 de mayo de 2014) (http://pyme.lavoztx.com/qu-es-un-subsidio-indirecto-6429.html)]

Fuente 2

Fuentes de financiación de actividades culturales

Fuente

Instrumentos

Criterios

Riesgos

Gobierno

Directos: Ayudas (becas, concursos); provisión directa (ejemplo: la propiedad de museos, orquestas sinfónicas y teatros es del Estado, y tiene como beneficiarios directos a los contribuyentes)

Indirectos: Beneficios fiscales.

Reglas y criterios de la calidad a seguir por los artistas impuestos por los Consejos de Artes donde los servidores públicos tomas las decisiones.

Concentración en la alta cultura y en organizaciones consolidadas.

Mercado

Transacciones a través del mercado de bienes culturales existentes por encargo.

Derechos de Autor (copyright)

Beneficios, coleccionistas, bienes privados.

Puede prevalecer el interés privado sobre el artístico.

Organizaciones sin fines de lucro

Donaciones por parte de particulares o instituciones privadas.

Mecenazgo

Responsabilidad social, beneficios sociales.

Bienes comunes

Puede generar dependencia, nepotismo, el arte como generosidad.

 [Tomado de PALMA, Luis (2011) ¿Debe el Estado financiar las artes y la cultura? () (consulta: 13 de mayo de 2014)]

Fuente 3

Referirse a la existencia de un “cine latinoamericano” es acudir a un término convencional que simplemente nos ayuda a informar sobre el vasto territorio del cual estamos hablando. Como lo es cuando hablamos del “cine europeo”. En uno y en otro caso estamos haciéndolo de cinematografías diversas y asimétricas, asociadas principalmente por el hecho de participar de un mismo territorio continental. Sin embargo, en el caso de las de origen latinoamericano, las afinidades son mucho mayores, porque representan a las originadas en culturas y lenguas muy semejantes, articuladas por una historia más o menos compartida y por proyectos nacionales, pese a todo, no menos comunes.

Otras veces se ha dicho, y no está demás reiterarlo, que entre las, aproximadamente, 12 500 películas producidas desde 1930 a 2000 en América Latina, 5500 corresponden a México (45% del total), 3000 a Brasil (25%) y 2500 a Argentina (20%). De ese modo, el 90% de la producción de películas en una región que representa más de 400 millones de personas, se concentró en solo tres naciones, correspondiendo el 10% restante a más de veinte países y, de manera particular, solo a los que decidieron desarrollar políticas para la producción industrial de imágenes propias. Allí donde no hubo legislación proteccionista sobre la producción local, esta no existió, salvo como hecho aislado o excepcional.

Hacia fines de los años 50, la producción en cuanto a cine bajó, pero en su lugar aparecieron tres emporios en cada lugar como Globo en Brasil, Patagonik/Clarín/Telefónica/Walt Disney en Argentina, y Televisa y Azteca en México que han comenzado a incursionar en la producción fílmica –Televisa lo viene haciendo desde los años 70– con capitales propios o en coproducción con fondos estatales locales o con el extranjero, y que están presentes en las películas más exitosas de cada país. Producen o coproducen pocos títulos al año, pero lo hacen apostando al “éxito seguro” (temas y tratamientos muy influenciados por el cine norteamericano, guiones con fuerte influencia de la narrativa televisiva, actores altamente promocionados en las pantallas chicas y los medios, técnicos de primer nivel, etc.) logrando así estar presentes en más de la mitad de las recaudaciones del cine local en cada territorio: más del 70% en Argentina y Brasil, y porcentajes aproximados en México.

En otros países, como Venezuela, Colombia y Chile, han aparecido algunas empresas de servicios con tecnología moderna para la producción y la post-producción audiovisual con capitales que a menudo proceden de la actividad audiovisual publicitaria, pero en términos generales se carece de estructuras estables de carácter industrial.

Producción de películas

Con la implementación del modelo económico neoliberal en la mayor parte de la región, la producción fílmica se derrumbó en las principales industrias latinoamericanas entre finales de los 80 y mediados de los 90. Las medidas que reducían el apoyo estatal aplicadas en México, Brasil y, en menor medida en Argentina, redujeron la producción conjunta de estos tres países de alrededor de 200 títulos en 1985 (México y Brasil producían entre 80 y 90 largometrajes por año), a menos de 50 en 1995.

Otras cinematografías que vivieron los impactos de la política predominante en estos últimos años, fueron la cubana, que debió reducirse a coproducciones con otros países o prestación de servicios a empresas extranjeras; la peruana, golpeada fuertemente por la no aplicación de la Ley de Cine y los recortes presupuestarios a CONACINE, su organismo cinematográfico; la boliviana y la venezolana, víctimas de las crisis económicas y políticas que desde fines de los 90 envolvieron a esos países.

En el caso de Ecuador, su producción de largometrajes es casi insignificante, aunque los escasos filmes realizados en ese país, particularmente los de Camilo Luzuriaga, han logrado un significativo interés por parte del público local. Recién en 2006, con la sanción de una ley de cine, podría comenzar a desarrollarse una actividad productiva de carácter más sostenible.

Otros países, como Chile y Colombia, e incluso Uruguay, tomaron cierto impulso en los primeros años de este nuevo siglo, debido a una clara decisión de las políticas gubernamentales en favor de la industria audiovisual, como sucedió en los dos primeros casos, y a una coyuntura favorable en el país rioplatense, donde confluyó la calidad de gestión y producción de sus cineastas y la realización de coproducciones, estimuladas con el apoyo del Programa Ibermedia, del que participan la mayor parte de los países de América Latina que cuentan con experiencias productivas y una decisión favorable de sus gobiernos y sus organismos de cine.

En cuanto a las posibilidades de amortización de las inversiones productivas en los mercados locales, las políticas económicas instaladas en los años 90 en la mayor parte de la región hicieron multiplicar por más de 3 veces, en valores constantes, el promedio de los costos de la producción en cada país.

Si a mediados de los años 80 era posible filmar un largometraje con un costo de entre 150 000 y 350 000 dólares, esa cifra saltó a entre 600 000 y 1 millón de dólares en los años 90. Medidos en dólares, estos costos han sufrido variaciones que responden a las políticas económicas de cada país. Así, por ejemplo, mientras que en Argentina el presupuesto de un filme era en los años 90, inclusive hasta 2001, de entre 1,2 y 1,5 millones de dólares, tras la devaluación monetaria implementada en 2002 pasó a representar entre 0,6 y 0,8 millones. Brasil mantuvo estable el costo medio de 1,5 millones entre 1996 y 2003 –cifra que se aproxima al que es habitual en otros países, como México y Puerto Rico– y en la mayor parte de los otros países el costo creció según las fluctuaciones monetarias y el porcentaje que los rubros dolarizados ocupan en el presupuesto de  una película. En términos generales, los presupuestos de largometrajes en 35mm en la mayor parte de los países de mediano o pequeño desarrollo oscilan entre 500 000 y 800 000 dólares por película.

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