Casuso Noe

En Perú, como en toda Latinoamérica, el alto grado de inseguridad generado por la violencia y la delincuencia obstaculizan el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

Sin embargo, la falta de datos precisos impide formular en forma adecuada el problema. En el caso de Perú este asunto es, al parecer, particularmente grave. Aunque no existen estudios concluyentes al respecto, se estima que sólo el 25% de los actos delictivos son denunciados.

Por otro lado, los estudios realizados hasta el momento para el caso peruano han incidido en una u otra manifestación violenta o criminal para sugerir así los niveles de inseguridad imperantes. Asimismo, gran parte de las inquietudes se han focalizado en el ámbito de Lima Metropolitana.

Estos enfoques si bien son valiosas contribuciones no dejan de ser parciales. Este documento busca suplir estos vacíos. En ese sentido ha reunido y ordenado la información oficial disponible tratando de darle coherencia estadística mediante el levantamiento de índices. También ha interrelacionado las diversas manifestaciones de violencia que se producen en todo el país, según tipo y frecuencia.

La inseguridad generada por la presencia de la violencia y la delincuencia no es un problema reciente en la sociedad peruana. Durante la década pasada el Perú sufrió los efectos de un fenómeno subversivo muy violento, que dio como resultado cerca de 30,000 muertos y unos 25 mil millones de dólares en pérdidas materiales.

Cuando en 1992 fue capturado el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, dando inicio a la rápida derrota de la principal organización terrorista peruana, todo hacía suponer que el delicado escenario anterior había sido por fin superado.

Sin embargo, la disminución de la violencia política a niveles inocuos para la seguridad nacional permitió ver con mayor claridad un fenómeno que venía desarrollándose desde años atrás: la violencia delincuencial.

Esto planteó nuevos retos a la política de seguridad del país. Los daños que produce la delincuencia son elevados para el tamaño de la economía peruana y, por otro lado, generan un clima de desconfianza muy perjudicial para la organización social.

Además, a diferencia de lo que ocurrió con la subversión, esta vez no se tenía al frente un problema cuyas características podían ser definidas sin dificultad. La delincuencia común es un fenómeno muy complejo que no responde a criterios organizacionales ni a estrategias puntuales.

Pero, el panorama de la inseguridad en Perú tiene otros factores importantes en su composición. El narcotráfico es uno de ellos. Durante la presente década esta actividad ilícita viene postrando una suerte de “reconversión”, exigida por las variaciones de los precios internacionales de los estupefacientes y las políticas de interdicción llevadas a cabo en la región latinoamericana.

Los resultados, hasta el momento, han sido la reducción de las áreas de cultivo de coca y, por otro lado, que el Perú deje de ser un exclusivo productor de materia prima para pasar a ser productor final, es decir, de clorhidrato de cocaína.

Una de las consecuencias de estos cambios en el “negocio “de las drogas es el explosivo aumento del consumo interno de estas sustancias, especialmente en el mercado urbano.

Por otro lado, la violación de los derechos humanos también debe ser incorporada como un factor importante que afecta la seguridad del país. Si bien se reconoce internacionalmente que Perú ha avanzado significativamente en este campo durante los últimos años, es obvio que aún subsisten graves problemas al respecto.

Al lado de estas manifestaciones ilícitas se encuentran aquellos actos de violencia que atentan contra la seguridad de los ciudadanos, los cuales no son considerados como ilegales por la población. Entre ellos, los más notorios son la violencia doméstica ejercida contra las mujeres y los niños y, por otro lado, los accidentes de tránsito. En ambos casos el Perú muestra un rápido crecimiento de casos que resulta muy ilustrativo para medir el deterioro de las condiciones de vida.

Todas estas expresiones que fomentan, de una u otra manera, el sentimiento de inseguridad de la población peruana son sin duda síntomas de graves problemas que radican en la sociedad. Sin embargo, esta explicación es parcial.

El otro lado del problema es la incapacidad institucional para hacer frente a esta realidad. Es un hecho que la policía peruana se encuentra sumida en una profunda crisis de manera tal que bien podría formar parte del problema, dado la gran cantidad de efectivos que se hallan comprometidos en actos delictivos.

Asimismo, las otras instituciones públicas que guardan relación con la seguridad pública, como son el Poder Judicial y el sistema penitenciario, también procesan sus propias crisis y resultan inadecuados para las circunstancias actuales que presenta el país.

La falta de respuesta por parte del Estado ha motivado que la sociedad opte por algunas formas de defensa que, salvo algunas excepciones -como los “serenazgos” organizados por las municipalidades de Lima Metropolitana-, son más bien espontáneas y sin ningún control institucional.

Estas respuestas sociales no sólo son onerosas e ineficaces sino también peligrosas y contraproducentes para disminuir la inseguridad. En los barrios urbanos marginales, por ejemplo, son cada vez más frecuentes los linchamientos tumultuosos de supuestos delincuentes.

De esta manera, la seguridad ha devenido en un aspecto prioritario para la agenda que debe desarrollarse en Perú. La población se siente más amenazada que nunca por la delincuencia, los empresarios están preocupados por sus costos de seguridad y las autoridades buscan diseñar estrategias adecuadas para un problema urgente.

Entonces la inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día, es una de las principales características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad. A continuación, presentamos la vertiginosa transición de la delincuencia en el país y las causas que originan esta incertidumbre en la sociedad.

Entre las causas de inseguridad que se detectan, está el desempleo que vive una gran cantidad de personas; las personas que atentan contra los bienes y la integridad física de los ciudadanos lo hacen, frecuentemente, por no tener un empleo estable que les garantice ingresos suficientes para mantener a su familia.

También, se identificó a la pobreza como otra causa que puede generar agresividad y que causa, además, altos índices de delincuencia que, generalmente, se ubican en las zonas marginales de la ciudad.

La falta de educación es otra causa. La escasa (y, muchas veces, inexistente) educación de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad y, por supuesto, inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen, pero que son los que sufren las consecuencias de esta situación.

Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera altos índices delictivos y de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, cuanta menos educación y cultura tengan las personas, más propensas a la delincuencia y al crimen serán.

En conclusión, la inseguridad ciudadana puede ser superada si el Estado crea un sistema educativo que disminuya las cifras de deserción escolar que inciden en la criminalidad, y que, además, ofrezca oportunidades laborales a todos los sectores de la sociedad.

CONSECUENCIAS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU

Caminar por las calles de Lima ya no es tan fácil como era antes. Ahora, es común que, al despedirnos, nos digamos “ten cuidado”. Nadie está exento de ser víctima de un asalto y esto genera un miedo constante. En el siguiente artículo, trataremos las consecuencias de la inseguridad ciudadana.

La persona o institución que sufre un robo se ve privada de lo que es de su propiedad, lo que causa daño al patrimonio de personas, empresas, instituciones y del propio país. A veces, esto ocurre con violencia. Se genera un clima de desconfianza, desesperanza y desánimo, de manera que la persona que es víctima de un robo se cuida más y toma medidas más estrictas y excluyentes en perjuicio de los que no roban. Esto encarece los costos de la vida, pues obliga a instalar medidas de seguridad que implican contratación de pólizas de seguro, contratación de infraestructura de seguridad (paredes, rejas, cerraduras, etc.), contratación de personal, creación de áreas de seguridad en las instituciones y de instituciones de vigilancia en el país, entre otras medidas de protección.

Por otra parte, en el caso del abuso sexual, no solo sufren los acosados, sino también los agresores, los testigos, los padres, las madres, los hermanos, los familiares: en definitiva, la sociedad entera. Los testigos de la violación padecen bloqueos emocionales, intelectuales y alteraciones de conducta que les pueden llevar a un final funesto. Sus sufrimientos no son transitorios y pueden desafiar un desarrollo futuro normal. El abuso sexual acarrea desconfianza en la víctima, además de originar conciencia de culpa y vergüenza en ella, pues, en cierta medida, queda la culpa inconsciente de haber incentivado dicho acto.

Además, en el caso de los secuestros

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