La marginación jurídica

La marginación jurídica se refiere a la enorme distancia que existe entre gran parte de la población y el Estado. Un ejemplo claro de ello es lo común que resulta encontrar a personas que pueden desarrollar su vida sin documentos tan elementales como un acta de nacimiento o una credencial para votar. Estos ejemplos son apenas la punta del iceberg, pero es la justicia el ámbito en donde la marginación queda en evidencia.

A menudo el primer contacto con la justicia es el derecho penal. Esto quiere decir que para muchos ciudadanos el Estado de derecho apenas adquiere sentido cuando son procesados por el sistema de justicia penal. Hasta que eso ocurra, el sistema será percibido como fuente de problemas y no de soluciones. No se trata de una perversidad per se del sistema sino que simplemente para utilizarlo se requieren condiciones que no son accesibles para una gran parte de la población. Identificar que una persona ha sido afectada por la acción de un tercero, determinar que esa acción puede ser reclamada dentro del sistema legal y tener la posibilidad de, en efecto, reclamarla en los tribunales son tres pasos simples de enunciar, pero muy complejos de ejecutar.*

Desde el punto de vista del Estado el panorama no es mejor. Los funcionarios públicos desconfían de sí mismos –lo que se refleja en problemas de coordinación entre policías municipales, estatales y federales– y desconfían de los ciudadanos, quienes a su vez menosprecian a los policías. El lenguaje de documentos programáticos en donde se alude a la corresponsabilidad social y a la necesidad de que los ciudadanos se muestren más activos en la lucha en contra de la inseguridad también ejemplifica esta desconfianza, pues parece partir de la idea de que los ciudadanos no colaboran. Resultado: todos desconfían de todos, nadie se responsabiliza de nada.

Pero el distanciamiento entre personas y autoridades no es fruto exclusivo de la desconfianza. En la práctica, el sistema judicial opera apartado por completo de la sociedad. A la vista de los jueces, los casos –que son personas y los conflictos que les afectan– no pasan de ser más que documentos que engrosan la carga de trabajo. Los jueces –que en los últimos años han recibido importantes mejoras en su remuneración y estabilidad laboral– los ven con frialdad y sin prisa. Siempre es menos problemático emitir sentencias tibias y regodearse en la autocomplacencia.

Todo esto va construyendo la imagen de un Estado que solo aparece ante sus gobernados cuando los castiga, que no actúa de acuerdo con las expectativas sociales y que cuando lo hace se comporta en forma abusiva o corrupta. Así, la desconfianza de las personas hacia el Estado no hace más que fortalecerse.

¿Cómo salir del entuerto? Por principio debe documentarse con toda seriedad el divorcio que se presenta entre la sociedad y sus autoridades. También es indispensable

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