Venezuela

gobiernoenlinea.ve y presidencia.gob.ve,gobiernoenlinea.ve y presidencia.gob.ve,La otra red sustituta de lo que pudiera haber existido en el pasado ha sido la de la Fuerza Armada Nacional por medio de un programa social denominado Plan Bolívar 2000, cuyos criterios de atención y modos administrativos dejan mucho que desear desde el punto de vista de la transparencia de sus políticas. De hecho, este Plan tiene hoy día varías averiguaciones abiertas en la Contraloría General de la República.

Los planteamientos en el sector social con relación a la articulación de las políticas sociales y económicas, el mejoramiento de los mecanismos de información, transparencia y rendición de cuentas, así como en la participación de la sociedad civil en la ejecución y formulación de las políticas públicas, aguardan por la superación de mucho de los “vicios” pasados y los introducidos en el presente, tales como:

a) La definición del papel específico asignado a la política social, ya que éste no puede ser el de “sacar a la población de la pobreza” o “mejorar la calidad de vida” por medio de la satisfacción de las necesidades que planteen las comunidades. No sólo porque el Estado venezolano no dispone de los recursos financieros o los procedimientos administrativos y la fortaleza institucional para “echarse al hombro a los pobres”, sino que de hacerlo se incurriría en la más absoluta práctica clientelar y paternalista sin precedente alguno en la región.

b) La imprecisión o ausencia de un objeto claro de la política social, lo cual impide que pueda diseñarse un esquema institucional coherente. En cualquier caso, y suponiendo que el objeto de la política social se mantuviese bajo algunas lógicas aceptadas, tal como aquella que le asigna a la acción pública ser un instrumento redistributivo para incrementar las dotaciones de capital social, humano y físico, el marco institucional en Venezuela requeriría de:

b.1) La especificación de ciertos mínimos de atención social que constituirían las metas iniciales del sistema, así como de los parámetros desde los cuales permitir una efectiva rendición de cuentas y contraloría social de la gestión.

b.2) La profundización en estrategias de implementación que favorezcan los procesos de descentralización de la política, así como la participación de la sociedad civil, independientemente de su vinculación partidista o su lealtad al régimen.

b.3) La creación de un organismo rector de la política social con alta competencia técnica es una necesidad fundamental para el país y su gobierno. La ausencia de esta instancia organizacional ha hecho que, y dicho sin ambages, se carezca de una política definida que pueda ser, entre otros aspectos, interlocutora de su similar en el área económica. Este ente concentraría el monitoreo de las acciones a fin de superar la lógica de la “política ciega” y en consecuencia intuitiva que hasta ahora ha caracterizado al sector.

De manera que resulta muy difícil hacer propuestas (desde un punto de vista técnico y no político) sobre la base de una política social inexistente y, lo que es peor, frente a unos decisores públicos marcados por la soberbia revolucionaria que les sesga e impide escuchar a cualquiera que no sea percibido como de ellos. Así, y aún cuando lo dicho puede ser duro, hay suficiente evidencia de que lo anterior es cierto, de lo contrario, ¿cómo explicar que el país entre a un programa de ajuste cambiario y fiscal con características recesivas sin que ello lleve apareado un programa social?

Una última palabra

Por lo antes expuesto, así como por las particularidades de inestabilidad política que padece el actual gobierno, parece poco factible proponer reformas tendientes a construir una red de protección social eficaz,

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