Instituciones Surgidass Por Los Acuerdos De Paz

Sistema Judicial y Derechos Humanos

En esta área los compromisos gubernamentales fueron:

Crear la Escuela de Capacitación Judicial para formar jueces y magistrados ajustados a la nueva realidad del país.

Reformar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura (organismo que nombra y evalúa a los jueces) para darle mayor independencia.

Reformar el proceso de elección y los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución autónoma, que debe supervisar el respeto a los Derechos Humanos por parte de las demás instituciones estatales.

Sistema Electoral

En este tema se acordaron una serie de medidas para asegurar la plena vigencia de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos:

La creación de reformas institucionales: creación del Tribunal Supremo Electoral, la más alta autoridad administrativa y jurisdiccional en la materia.

El derecho de los partidos políticos en vigilar la elaboración, organización, publicación, y actualización del registro electoral.

En el plano político, las medidas adoptadas buscaron garantizar a los dirigentes del FMLN y a sus integrantes el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos dentro un marco de absoluta legalidad, mediante su incorporación a la vida civil, política e institucional del país. El FMLN se comprometió a desmovilizar sus fuerzas guerrilleras, bajo la supervisión de la ONUSAL. El gobierno se comprometió a aprobar la legislación necesaria para que el FMLN se transformara en un partido político legal y pudiera participar en los comicios generales de 1994.

En lo económico y social

En esta área el gobierno se comprometió a:

Crear el Foro de Concertación Económica y Social, organismo donde tendrían representación los sindicatos, las asociaciones empresariales y el Estado para dialogar sobre la política económica del país.

Distribuir las tierras en zonas conflictivas entre los ex combatientes desmovilizados.

Las tierras que excedían las 245 hectáreas, así como aquellas propiedad del Estado que no eran reserva natural, debían ser distribuidas entre los campesinos y pequeños agricultores que carecían de terrenos cultivables.

Cumplimiento de los acuerdos

El cese definitivo de los combates se dio el 1 de febrero de 1992, bajo la supervisión de COPAZ y la presencia notable de ex comandantes del FMLN y sus antiguos enemigos formales. Para que dicha reunión pudiese darse, la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de enero una Ley de Reconciliación Nacional, mediante la cual el Estado salvadoreño se privaba de abrir causas legales contra los combatientes de la guerra, abriendo una amnistía nacional. La baja masiva y paulatina de efectivos de la Fuerza Armada se fue dando mientras los ex combatientes guerrilleros se desplegaban de las zonas ocupadas hacia quince áreas que previamente se habían establecido para dicho propósito. El armamento guerrillero fue depositado en contenedores controlados por ONUSAL, salvo aquellas armas pequeñas destinadas a la defensa personal.

Agentes policiales de varios países acompañaron en tareas de patrullaje a la Policía Nacional, la cual había dejado de depender del Ministerio de Defensa Nacional; dicho acompañamiento se dio hasta la creación de la Policía Nacional Civil.

Por otro lado, la repartición de tierras a los ex combatientes llevó más tiempo de lo previsto, así como la instauración de la Academia Nacional de Seguridad Pública y la legalización del FMLN como partido político. Dichos retrasos empezaron a crear tensión entre las fuerzas políticas, lo que llevó a COPAZ a convocar a una recalendarización, la cual se llevó a cabo el 12 de junio de 1992. Dicha calendarización fue modificada en repetidas ocasiones para ajustarse

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