La Historia

omo ya es sabido la misma constitución nos plantea la posibilidad de adoptar cualquiera de las dos posiciones cuando en su articulado existen diferentes formas de interpretar la figura jurídica. El artículo 230 de la carta magna, somete al juez al imperio de la ley, mientras que los artículos 93 y 94 de la misma norma, abren la posibilidad legal de tener en cuenta los convenios y tratados internacionales ratificados por el congreso que reconocen derechos humanos; para que dicho juez aplique en sus sentencias una valoración mucho mas apegada a la razón y a la ética donde prevalece la verdadera justicia social; en donde sus decisiones no sean mecánicas, ni se convierta en un invitado de piedra, en la aplicación de la norma, sino que tenga la posibilidad de buscar e ir más allá y escudriñar en los “principios” que son los indicadores para que sus decisiones cumplan el cometido social que realmente debe poseer un Estado social de Derecho.

Aquí se vislumbra la verdadera cuenca problemática; en definir cuál de las dos teorías es la más acertada, teniendo nuestra posición inclinación sin lugar a dudas, a que si debe existir discrecionalidad judicial, lo cual vamos a demostrar a través del presente trabajo, ya que la globalización del mundo jurídico no permite continuar con pensamientos arcaicos que cercenen el pensamiento y la capacidad analítica del juez, para solucionar en verdadero derecho tanto casos fáciles como difíciles.

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