Contrabando

¿Cómo eliminar el contrabando en Bolivia?

17 de Febrero de 2013 | Ed. Impresa

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Antonio Rocha Gallardo

- Máster en Comercio Internacional -

La solución no va por la interdicción, represión y asalto a las bandas de contrabandistas, sino por la educación, persuasión e inteligencia fiscal

Pareciera una misión imposible en un país como Bolivia, donde más de tres cuartas partes de su población económicamente activa viven de la economía informal y donde la cultura tributaria es casi nula. Contribuyen a la informalidad el hecho de que los sectores productivos que sustentan la economía son extractivo-primarios, hidrocarburos y minero en manos del Estado, las cooperativas mineras -no tributan-, o el sector agropecuario amparado en regímenes tributarios con poca presión fiscal.

Capítulo especial merece el sector informal cobijado en regímenes simplificados mono-tributarios, los ‘gremialistas’, conformado por subempleados, desempleados, comerciantes minoristas (muchos grandes mayoristas) y vivanderos, que dinamizan la economía basada en el contrabando y la defraudación, en razón a que su régimen tributario no les obliga a requerir facturas por sus compras, ni entregar notas fiscales por sus ventas.

¿Qué hacer?

¿Cómo combatir el flagelo del contrabando desde la raíz, sin que esto implique decisiones y acciones traumáticas para la población y para el Estado en su conjunto? La solución no va solo por el lado de la interdicción, la represión y el asalto a las bandas de contrabandistas, sino, también, por la vía de la educación, la persuasión, la inteligencia fiscal y la facilitación de la legalidad.

En 2005, un estudio del IBCE -El contrabando en Bolivia- hizo recomendaciones, algunas implementadas con éxito como, el empadronamiento de los importadores que, redujeron los ‘operadores fantasmas’ que realizaban trámites fraudulentos; las reformas a la Ley de Aduanas y el Código Tributario realizadas en los últimos cinco años, están pendientes la unificación de la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Internos; la creación de un instituto de defensa del consumidor y la competencia.

Informar, orientar y educar

Las medidas a tomar deben ser estructurales, orientadas a reformar la actitud del consumidor, del comerciante y del productor frente a la evasión y la defraudación aduanera y fiscal. La eliminación del contrabando requiere voluntad política y apoyo ciudadano.

La educación básica gratuita, universal y de calidad es esencial para el desarrollo no solo de las capacidades cognitivas de los niños, sino para el aprendizaje de valores civiles y morales. No puede estar ligada a una ideología política y menos a raíces culturales particulares y diferenciadas; debe estar ligada necesariamente a una cultura del trabajo y de responsabilidad social.

La Aduana y el SIN deben desarrollar, con las universidades, programas de licenciatura y especialización para educar a futuros funcionarios públicos cuya capacidad técnica y probada ética sea la garantía de instituciones transparentes.

Persuasión, también...

La persuasión en contra del delito debe hacerse por dos vías, creando una “fuerza de élite” del Ejército con acción limitada en todas las fronteras; y con acción de vigilancia satelital en zonas no habitadas. La otra vía debe darse a través de una campaña comunicacional permanente en los medios de comunicación disponibles. La campaña debería ser encarada por la Aduana, el SIN y la Cámara de Despachantes

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