GUERRA CRISTERA

GUERRA CRISTERA

La guerra cristera en México fue un conflicto armado que se prolongo desde 1926 a 1929 entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de legislación y políticas públicas orientadas a restringir la participación de la iglesia católica sobre los bienes de la nación así como en procedimientos civiles.

En 1927, el presidente Plutarco Elías Calles y José Fernando Rodríguez Rojas, general revolucionario, promovieron la reglamentación del artículo 130 de la Constitución a fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles que la Constitución de1917 estableció como parte del modelo de sujeción de las iglesias al Estado aprobado por los constituyentes. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública, pero dadas algunas características de la legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a que los ministros de culto fueran personas casadas y se prohibía la existencia de comunidades religiosas. Es posible afirmar que la ley tenía un claro sesgo anti-católico por ser esta confesión la única que en México contaba con ministros célibes y con comunidades en las que las personas decidían convivir.

La ley reglamentaria del 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los "ministros del culto". Tal fue el caso de los gobernadores más radicales, como Tomás Garrido Canabal del estado de Tabasco quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaban a los "ministros del culto" a ser personas con estado civil de casados para poder oficiar, mientras que en estados como Chihuahua se pretendió forzar a la Iglesia católica a operar con un número mínimo de presbíteros, mientras que en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros.

Al llegar a Emilio Portes Gil, comenzó una larga negociación, en la que participó como mediador, el recién llegado embajador estadounidense Dwight Morrow. Por su parte, la Santa Sede designó al todavía Obispo de Tabasco Pascual Díaz Barreto, como secretario del Comité Episcopal nombrándolo" intermediario oficial" para solucionar el conflicto Iglesia-Estado. Junto con el delegado apostólico Señor Leopoldo Ruiz y Flores, se entrevistaron con el presidente, Lic. Emilio Portes Gil, para llegar a un acuerdo el 21 de junio de 1929 sobre la cuestión religiosa.

Bajo la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, que a su vez respondía a las peticiones repetidas de obispos y laicos católicos en ese país, el presidente Portes Gil anunció que la Iglesia católica se sometería a la ley sin que la Constitución sufriera alguna modificación.

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