Guerra Cristera

Guerra Cristera

En 1910 tras la victoria de Carranza y Obregón se promulga de la nueva Constitución, la cual establece una política de intolerancia religiosa y privó a la Iglesia de toda personalidad jurídica, entre sus puntos están: la prohibición de los votos religiosos, la prohibición a la Iglesia para poseer bienes raíces. Pero la nueva Constitución fue más lejos, se prohibió el culto público fuera de las dependencias eclesiásticas, a la vez que el Estado decidiría el número de iglesias y de sacerdotes que habría; se negó al clero el derecho de votar, a la prensa religiosa se le prohibió tocar temas relacionados con asuntos públicos, se señaló la educación primaria como laica y secular, y las corporaciones religiosas y los ministros de cultos estarían impedidos para establecer o dirigir escuelas primarias.

Los católicos no ofrecieron una respuesta violenta cuando la Constitución entró en vigor, y se optó por iniciar una lucha pacífica para modificar aquellas partes que les afectaban directamente.

Durante el gobierno del general Álvaro Obregón (1920-1924), las relaciones entre la Iglesia y el nuevo Estado revolucionario estuvieron marcadas por una creciente tensión y la imposibilidad de llegar a un acuerdo que beneficiara a para ambas partes.

El 4 de febrero de 1926 el periodista Ignacio Monroy del periódico El Universal, publicó las declaraciones hechas por el arzobispo de México José Mora y del Río en rechazo al anticlericalismo de la Constitución, esta nota aceleró toda ruptura definitiva entre el Estado y la Iglesia. Esto provocó la detención del arzobispo, mientras en Roma el Papa aconsejaba a los católicos que se abstuvieran de participar en la política. Calles por su parte consideró esta publicación como una ofensa y un reto al gobierno y se ordenó al Congreso reglamentar el artículo 130. Este decreto fue conocido como la Ley Calles que además demandaba la clausura de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros. También se limitaba el número de sacerdotes a uno por cada seis mil habitantes y se ordenaba que aquellos se registraran ante las autoridades municipales, quienes otorgarían su respectiva licencia para ejercer, incluía también delitos relativos a la enseñanza haciendo desaparecer la libertad de enseñanza y el derecho de educar a las personas en la fe.

Ante esto los obispos consideraron que no existían garantías para ejercer su ministerio y emitieron un comunicado avalado por Roma donde se anunciaba que se había decidido suspender los cultos desde el 1 de Agosto de 1926, día que entraría en vigor la Ley de Calles, el pueblo mexicano que era muy católico se congregó en las iglesias un día antes, se dice que se celebraron muchos bautizos, matrimonios, etc. Después se clausuraron numerosos templos, así como capillas particulares, conventos y escuelas religiosas en

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