La campaña electoral para la elección de Alcaldes y Concejales

En el marco de la campaña electoral para la elección de Alcaldes y Concejales (representantes ante los parlamentos locales) en los más de 300 Municipios existentes en Venezuela, realizada a finales de 2013 y que tuvo una inusual trascendencia nacional, al ser asumida tanto por el Gobierno Nacional y su partido (PSUV) como por los partidos y las organizaciones políticas que integran la Mesa de la Unidad Democrática, como una elección de aprobación o desaprobación de Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República, se publicó en la Gaceta Oficial No. Extraordinario 6.118, de 04.12.13, el denominado Plan de la Patria.

Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 (en lo que sigue, Plan de la Patria), con el fin de que “surta efecto jurídico y sea de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela”. Este Plan integra un Acuerdo parlamentario sin forma de Ley (no es una Ley, tal y como se explica en: http://goo.gl/K03nYE) de la Asamblea Nacional (aprobado sólo por los diputados del partido de Gobierno).

Los supuestos fines y beneficios que arrojaría la puesta en vigencia del Plan de la Patria sería: defender, expandir y consolidar la Independencia Nacional; continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al capitalismo; convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político; contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo mundo multicéntrico y pluripolar; y contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.

La investigación realizada al contenido del Plan Patria publicado en Gaceta Oficial permitió comprobar que el mismo no es otra cosa que la aplicación plena del proyecto de reforma constitucional rechazado por la mayoría de los electores por referéndum realizado el 02 de diciembre de 2007, en lo que concierne a materias como la nueva Geometría del Poder, el Modelo productivo Socialista y la nueva ética socialista, con el agravante de que introduce un estado de excepción permanente y aumenta el carácter militarista del funcionamiento del Gobierno y de la Administración Pública, aspectos también violatorios de la Constitución de 1999, que básicamente es suspendida en buena parte de su articulado por ella, tal y como lo expresó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en un comunicado reciente

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