Ley De Tierras

Hace unos años la situación económica y social del país requiere de profundas transformaciones las cuales se han desarrollado durante los últimos años.

Esta necesidad de mejorar en todas las áreas o sectores económicos viene dada por los defectos del marco de la globalización para así enfrentar con éxito los desafíos y barreras que este proceso impone, es por ello que el Sistema Tributario Venezolano ha ido evolucionando a través de las modificaciones legales con la finalidad de optimizar la implantación, administración y control de los tributos, en donde su recaudación debe ser realizada cada día de manera efectiva y eficazmente.

Precisamente una de esas modificaciones fue la reforma agraria, que en Venezuela, se promulgaría el 5 de Marzo de 1960 durante la presidencia de Rómulo Betancourt, Fue producto de un consenso nacional, en donde participaron sectores como la Iglesia y el Partido Comunista de Venezuela, entre otros. Se perseguía una meta en común: la equitativa distribución de las tierras.

En este sentido yo, puedo asegurar que:

Pese a algunos avances iniciales logrados a través de la Ley de Reforma Agraria, pasados más de 40 años, la estructura de la tenencia de la tierra no varió en lo fundamental y no se logró un desarrollo agrario significativo, ni se elevó de manera sustancial la calidad de vida de la población campesina.

Aunque no se debe negar que vela por la ocupación y propiedad de las tierras tanto baldíos, cercanos a lagos, ríos u orillas del mar; claro que no deja de un lado las plataformas continentales, aguas y bosque, todo esto con la intensión asegurarse que no exista el latifundismo, y menos aún que existan terrenos que es muy posible que tengan capacidad para producir y sacarle provecho, que estén baldíos sin uso. Pero con esto, la eficacia de una reforma agraria también depende de la creación de un mercado formal y homogéneo de la propiedad. Lo que reconoce el derecho a la adjudicación de tierras a toda persona apta para el trabajo agrario, en los casos y formas establecidos en la LTDA (2005).

Con ello, el objetivo de una reforma agraria es precisamente el de consentir el acceso a la tierra y a su utilización apropiada, así como el fomento del empleo; funcionando como una forma de intervención necesaria para el desarrollo armónico de la economía y de la sociedad, siendo que hasta la presente fecha no se han cumplido de manera eficaz los propósitos de la misma, como muestra de ellos tenemos el estado económico y alimenticio del país.

No pasemos por alto que en 2005 cambia su nombre a: LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO.

Según la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2005), en unos primeros artículos establece

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