Políticas migratorias

Políticas migratorias

Con la explosiva entrada de inmigrantes a los Estados Unidos entre 1970 y 1995, especialmente de origen hispano, caribeño y asiático, se han presentado y continúan haciéndose numerosas propuestas legislativas en el Congreso de los Estados Unidos para frenarla. Cabe resaltar que la población de origen latinoamericano aumentó un 82.4% y de 1980 a 1994, y la no hispana, en un 10%.

La tónica de estas propuestas ha sido la de aplicar una política de control más rígida, sustentada en teorías más radicales, es decir, imponer fuertes restricciones con matices de xenofobia y racismo, característicos de la política de los nativistas, defensores de los derechos de los primeros pobladores, aplicadas a irlandeses y judíos del siglo XIX.

En septiembre de 1996 entró en vigor la llamada Ley para Reformar la Migración Ilegal y la Responsabilidad de los Inmigrantes, que coincide con el sentido xenofóbico y racista de la Proposición 187 del gobernador de California Pete Wilson que no fue aprobada en su momento. Lo trascendente de esta ley, aún vigente, “es que institucionaliza la criminalización de la migración laboral, a través de una serie de normas arbitrarias de procedimiento, que transgreden los derechos humanos y laborales de los trabajadores transfronterizos, tales como:

“Agilizar los procedimientos para la expulsión de los migrantes indocumentados que son detenidos por las autoridades migratorias, incluyendo la expulsión sumaria sin derecho de audiencia, en los casos de personas con antecedentes penales.

“Instruir al Departamento de Justicia para que, a través del Servicio de Inmigración y Naturalización, establezca planes piloto para detectar a trabajadores “ilegales”, quienes deberán ser reportados por sus potenciales empleadores.

“Penalizar severamente al migrante que reincida en ingresar a Estados Unidos sin la documentación requerida, quedándole prohibido hacerlo en por lo menos diez años; ello, sin prejuicio de hacerse acreedor a ser denunciado ante un juez migratorio, quien podrá sentenciarlo a purgar una pena de hasta un año de cárcel. [...]

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