EL ESTADO DE DERECHO Y DECICIONES JUDICIALES

EL ESTADO DE DERECHO Y DECICIONES JUDICIALES.

Las soluciones judiciales dentro de un estado de derecho deben cumplir con una cierta normatividad para generar un estado de convivencia y al fin del bien común Las soluciones judiciales en el seno de un Estado de Derecho deben tener en cuenta los valores e intereses. Desde esta perspectiva, el Derecho positivo tiene que responder a una sistemadcidad constructiva de un mecanismo de seguridad que remita a valores, como la libertad, la seguridad y la igualdad. En este sentido, por medio de la motivación de las sentencias, se pretende que el juzgador manifieste las razones de su decisión apoyándose en el derecho del justiciable y del interés legítimo de la comunidad en conocerlas; que se compruebe que la decisión judicial que se adopta es consecuencia de una ex racionalidad del Ordenamiento; que las partes o la comunidad tengan la información necesaria para recurrir, si procede, la decisión; y que los tribunales competentes posean la información que se precisa para vigilar la correcta interpretación y aplicación del Derecho.

Pero, yendo más allá, las razones se deben a la necesidad de garantizar los derechos de quien es parte en un proceso. Un primer grupo de razones se explica porque es una garantía del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso es derivación  del Ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad. De acuerdo con el articulo, Con respecto a una segunda clase de razones, tendríamos que suscribir que un Estado de Derecho implica que los poderes públicos queden sometidos al Derecho y que los órganos jurisdiccionales ejerzan su control, control que sólo se legitima en la aplicación del Derecho y de ahí la necesidad de que hayan de motivar sus resoluciones. Desde la visión del Estado democrático, lo que se pretende es el convencimiento de las partes y de la opinión pública, por lo que si el Poder judicial emana del pueblo, entonces éste debe conocer la forma en la que se ejerce para controlar a sus titulares.

Así, la racionalidad se menoriza en función de la consideración de las normas y de los hechos. Los jueces deben razonar recurriendo a razones comunicadas argumentativamente y el respeto a la ley no garantiza la racionalidad decisional. La norma puede ser irracional en su contenido, fuera de que en el proceso aplicativo influyan elementos externos, y de que, a menudo, se funde en los criterios de oportunidad y de utilidad ante un conflicto de derechos con la satisfacción del mayor número posible de personas.

Especificando más, estas ideas no se pueden hacer inteligibles de modo integral si no las enmarcamos en el terreno de la discreción judicial, cuyo elemento principal es la elección entre diversas posibilidades reales mutuamente excluyentes.

Dentro de este marco, Rawls ha declarado que un orden jurídico que cumpla del modo más perfecto los preceptos del Rule of Law asegura una base más firme para la libertad. Cuanto más públicas, claras, irretroactivas..., sean las leyes, más protegida estará la libertad de los individuos. La razón de esa creencia es que las normas jurídicas constituyen pilares mediante los que las personas confían unas en otras y ejercen sus derechos cuando sus expectativas no se cumplen. Si los cimientos de estas expectativas son inseguros, también lo son los límites de la libertad humana.

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