Presunto Culpable

El tema se impone, pese a la tentación de referirme en esta ocasión a la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo martes, o a las dos iniciativas enviadas al Senado por el presidente Felipe Calderón, la propuesta de ley federal anticorrupción en contrataciones públicas y la de reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuya propuesta es facilitarle a los ciudadanos el poder denunciar a los funcionarios corruptos, nos encontramos con la resolución judicial que ordena la suspensión temporal de la película "Presunto culpable" en un monumental acto de censura puesto que se viola de manera clamorosa la prohibición de "censura previa" establecida en los artículos sexto y séptimo de la Constitución mexicana, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando menos... .

Sabemos que se trata de un documental -el más visto hasta ahora en la historia del cine en el país y cuya prohibición ha provocado romper todos los récords previstos-, que cuenta la historia de una injusticia en contra de José Antonio Zúñiga, acusado de un asesinato que no cometió, y cuyos abogados Layda Negrete y Roberto Hernández, productores del filme, lograron reabrir el caso para demostrar su inocencia. La prueba más importante en contra de Zúñiga, condenado a 20 años de prisión, fue el testimonio de un supuesto testigo que estuvo retenido toda una noche en los separos de la Policía Judicial: el primo del asesinado, Víctor Reyes, cuya versión de los hechos conforme los plantea el filme, son mentiras probablemente coaccionado por la Policía. El caso es que días después del estreno, Reyes se amparó ante un juez alegando que no había otorgado permiso para que lo filmaran por lo que "Presunto culpable" violaba su derecho a la privacidad al difundir su imagen. A la fecha se dice que Víctor Manuel Reyes Bravo, ya está preparando, junto con sus abogados, un juicio civil con el fin de exigir la reparación de daño moral... Ahí sí ya las cosas entrarían en cuestiones de dinero pero ante el panorama, no es el tema.

En tanto se resuelve el aspecto jurídico, la jueza 12 de Distrito, Blanca Lobo, otorgó la suspensión provisional para que la película fuera exhibida, planteándolo de esta manera a la Secretaría de Gobernación en donde en primera instancia se manifestó el respeto a la resolución de la jueza; no obstante y luego del escándalo mediático y social provocado, el subsecretario de Normatividad y Medios, Héctor Villarreal, informó que "las autoridades harán un análisis puntual y cuidadoso sobre los términos" de la resolución solicitando a la jueza "una aclaración sobre los efectos de lo que ordena", puesto que "se detecta ambigüedad y falta de claridad" en la decisión. Más aún, afirmó que el Gobierno combatirá la determinación "para que el documental se siga exhibiendo porque la cinta es legal y válida", concluyendo incluso con la recomendación de ir a verla... Hemos de reconocer el acertado manejo de medios del "Subse".

Por su parte, Roberto Hernández, uno de los productores del documental, justifica la filmación de Víctor Manuel Reyes arguyendo que "un delito no es un asunto privado, es un asunto de interés público", además de que -dice-, el testigo "jamás nos pidió para nada que no lo filmáramos".

Mientras tanto, también se ha amparado el juez de la película, se trata de Héctor Palomares Medina, juez 26 de lo Penal del Distrito Federal, y quien condenó a Zúñiga a 20 años de prisión por un crimen que no cometió por lo que luego hubo de exonerarlo, lo que provocó que Poder Judicial del Distrito Federal no lo ratificara en el cargo. La decisión fue impugnada por Palomares Medina

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