Presunto Culpable

“En México, el 92% de las acusaciones carecen de evidencia”. “En México, el 93% de los acusados nunca ven al juez”. “En México, ser inocente no basta para ser libre”. Con estas afirmaciones se presentó en México el documental Presunto culpable, en febrero de 2011. De inmediato causó revuelo e indignación en la sociedad. Antes de esa fecha, el filme había sido presentado en el extranjero, en donde fue ovacionado y premiado por la valentía de desnudar la corrupción y el fallido sistema de aplicación de justicia. El documental se basa en el caso de José Antonio Zúñiga, de 26 años y originario de la Delegación Iztapalapa, quien el 14 de diciembre de 2005 fue arrestado por agentes de la policía y posteriormente acusado del asesinato de un joven al que nunca había visto. Con sólo un testigo acusador –Víctor Manuel Reyes, primo del asesinado–, el juez Héctor Palomares Medina lo sentenció dos veces a 20 años de prisión, a pesar de que existían pruebas suficientes de su inocencia. No fue sino hasta que Roberto Hernández Ruiz, abogado de formación y cineasta, así como su pareja, la también abogada Layda Negrete Sansores, y el penalista Rafael Heredia Rubio tomaron el caso y filmaron el proceso, que un tribunal de apelaciones exoneró y liberó a Toño Zuñiga. El éxito obtenido por Presunto culpable generó una reacción virulenta del Poder Judicial de la Ciudad de México: de entrada, la película no puede ser vendida en DVD, ni proyectada en cines ni en la televisión debido a diversos procesos judiciales interpuestos por las autoridades que fueron exhibidas en el mismo. Por supuesto, ni el comandante de la Policía Judicial que presentó a Zúñiga ante el Ministerio Público ni el juez Palomares Medina fueron sancionados por su mala práctica. Al contrario, siguen trabajando como si nada. Ahora, dos años después, ese “policía” ha demandado a los productores del documental por “daño moral” y por una suma cercana a los 600 millones de pesos. También enfrentan una demanda millonaria interpuesta por el único testigo del caso y la familia del joven asesinado en 2005. Layda Negrete ha denunciado que, en ésta que bien podría ser la segunda parte del filme, los jueces que llevan el caso en su contra les han reclamado durante las audiencias que “la película se pasó de la raya” y afectó a los encargados de impartir justicia en el DF. Ayer, se dio otra muestra de la parcialidad del Poder Judicial en este asunto: la titular del juzgado 17 en materia civil del Distrito Federal, María del Rosario Mancera Pérez, “determinó que no fuera pública” la audiencia, en la que se presentaron pruebas contra Negrete, en quebranto de lo que dicta el Artículo 20 de la Constitución mexicana en el que se ordena que los juicios se desarrollarán “de manera pública”. La también abogada Negrete Sansores afirma que es necesario grabar las audiencias, porque en una anterior hubo “omisiones en el registro”

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