ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA.

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA.

BANANAS DE SANGRE

Toda empresa odia ser chantajeada y esto era exactamente lo que sucedía con una de las más grandes empresas productoras y distribuidoras de banano y otros productos, de los Estados Unidos, Chiquita Brands. Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar de Colombia, le propuso a Chiquita Brands y su filiar en Colombia, Banadex, que les pagara mensualmente unos miles de dólares por servicios de “seguridad”, lo cual redundaría en sus intereses empresariales. Los servicios de seguridad ofrecidos no eran más que la protección de las propias AUC. Desafortunadamente, la Policía Nacional, el ejército y otras autoridades locales, así como el gobierno de EE.UU., no estaban en condiciones de protegerlos realmente de grupos paramilitares como las AUC. Por lo tanto, Chiquita se vio obligada a pagar a las AUC por su protección o de lo contrario pondría en riesgo la vida de sus empleados en Colombia.

Chiquita Brands International Inc., con sede en Cincinati (Ohio), fue un vendedor líder y distribuidor internacional de productos frescos de alta calidad que se venden bajo la marca Premium Chiquita ® y las demás marcas registradas. La empresa fue uno de los mayores productores de banano en el mundo y un importante proveedor en Europa y América del Norte. La compañía tuvo unos ingresos de aproximadamente 4.500 millones de dólares y empleaba alrededor de 25.000 personas en 70 países en 2006.

Chiquita Brands, antes United Brands y United Fruit, operaba plantaciones de frutales en Colombia desde hace casi 100 años. Banadex, filiar de Chiquita, generaba alrededor de 4.400 empleos directos y otros 8.000 indirectos en Colombia; dichos puestos de trabajo los desempeñaban casi en su totalidad trabajadores de la región. La empresa “ha contribuido con cerca de 70 millones de dólares anuales a la economía colombiana a través de inversiones, nómina, impuestos, seguridad social, pensiones y compra de bienes y servicios”. Banadex fue responsable de administrar la inmensa plantación de Chiquita Brands, siendo ésta la operación internacional más rentable.

En la década de los noventa, Colombia se había convertido en un país muy violento, donde los secuestros y asesinatos de colombianos ricos y extranjeros eran comunes. El departamento de Estado de los EE. UU había emitido varios avisos de alerta a los ciudadanos estadounidenses sobre los peligros de viajar a ese país. En 1997, Carlos Castaño, líder de las AUC, se reunió con altos funcionarios de Banadex y se ofreció para proporcionar servicios de seguridad a sus trabajadores y la plantación en general. Las AUC, a menudo descritas como un “escuadrón de la muerte”, fue una de las organizaciones paramilitares más violentas que hayan existido en Colombia. El Departamento de Estado de los EE. UU estimó que las AUC tenían entre 8.000 y 11.000 miembros y sus actividades abarcaban asesinatos, guerra contra las guerrillas y narcotráfico. Para esa fecha las AUC no eran consideradas una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estados de EE.UU. por lo que no era ilegal hacer negocios con las AUC. Las implicaciones de la oferta de las AUC para los empleados de Banadex eran evidentes. Extorsión o no, no participar en ella ponía a los empleados en una situación de grave peligro.

Las opciones de Chiquita eran claras: se comprometía a pagar, se negaba a pagar o salía del país. Sin embargo, las consecuencias de cualquiera de las acciones no iban a ser agradables.

Se comprometía a pagar: si Chiquita acordaba pagar por “protección, lo que llevaría a impedir asesinatos y secuestros, estaría financiando a un grupo de terroristas y el dinero que se pagara sería utilizado para promover las actividades de las AUC.

Se negaba a pagar: si Chiquita optaba por rechazar la oferta de “protección” de Castaño, entonces existía la posibilidad real de que los empleados de Banadex fueran secuestrados o ejecutados. Hay una amplia evidencia de la brutalidad de las AUC y otras organizaciones similares que operan actualmente en Colombia. Mientras se contrataba una empresa de seguridad legítima para proteger las plantaciones y los empleados, el costo de contratar los suficientes hombres para enfrentar a un grupo de 8.000 a 11.000 paramilitares sería excesivamente alto. Solo los gobiernos poseían la fuerza necesaria para montar un servicio de protección y ni los EE. UU ni Colombia estaban dispuestos a poyar tal esfuerzo. Por otra parte, era poco probable que el gobierno colombiano aceptara a un grupo de mercenarios contratados por Chiquita en el país.

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