Analiis la Ley de Costos y Precios

La Ley de Costos y Precios Justo, representa un desconocimiento sistemático de las libertades económicas y del sistema constitucional que las garantiza, en este momento se señala que el mismo no tenía por objeto regular la actividad económica de producción y comercialización, sino dirigir, planificar sin limitaciones alguna la totalidad de las actividades económicas, en especial las realizadas con bienes de propiedad privada.

Después de dos años y medio de la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos, se pueden evidenciar los estragos que ha ocasionado para los venezolanos, desde la reducción de la oferta de bienes y servicios, pasando por la inflación y el desabastecimiento, hasta el estancamiento de las operaciones de varias empresas productoras y comercializadoras que hacen vida en Venezuela.

A pesar de que todos los controles de precio han fracasado históricamente y contrariamente a lo que se imaginan muchos espíritus apasionados y superficiales, los precios no son invenciones odiosas del sistema capitalista, las autoridades se empeñan en optar por la vía de las economías planificadas, condenando injustamente a los ciudadanos, especialmente a los más pobres que son quienes sufren en mayor impacto las consecuencias desastrosas de estas políticas económicas por su precaria capacidad adquisitiva.

Ley de Costos y Precios Justos ha sido factor determinante en la economía venezolana los abusos del poder monopólico han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo.

El poder monopólico o monopsónico y la cartelización, se han constituido en la política aplicada, por los empresarios, para dominar el mercado, siendo ellos quienes fijan los precios y condiciones comerciales, que no se corresponde a referentes internacionales, ni obedecen a una estructura de costos justificable.

La generalización de prácticas especulativas produce niveles de inflación exacerbados, que terminan erosionando no solo el poder adquisitivo de la población, sino el potencial de las pequeñas y medianas empresas y con el comercio minorista, impidiendo el desarrollo económico de alternativas productivas y de mayor número de iniciativas empresariales.

Por lo antes expuesto, es necesaria una Ley de Costos y Precios Justos que coadyuve la acción del Ejecutivo Nacional en la implementación de políticas de democratización de acceso de todas las venezolanas y todos los venezolanos, de manera equitativa, a los bienes y servicios.

En él se evidencia un obvio desconocimiento de los principios más básicos de la economía. En primer lugar, en el caso de que existiesen prácticas monopólicas, la solución para acabar con ellas sería el fomento de la competencia, no el control de precios, control que, contrariamente a lo que se propone, trae más escasez, más inflación e imposibilita el desarrollo de pequeños productores y comerciantes que, a diferencia de las grandes empresas, tienen una estructura de costos relativamente más elevada.

Este desconocimiento – o falta de voluntad para resolver la problemática inflacionaria- justificó la promulgación de una ley que sólo ha acrecentado el problema inflacionario y de acceso a los bienes y servicios, en lugar de solucionarlo. El precio ha dejado de ser el medio de seleccionar qué compradores y que vendedores pueden comprar o vender o cuáles no.

Ha entrado en funcionamiento un criterio de selección diferente. Puede consistir en que sólo aquellos que lleguen primeros o quienes ocupen una posición privilegiada derivada de circunstancias especiales (contactos personales, por ejemplo) sean los únicos que finalmente puedan comprar y vender. Pero también puede suceder que sean las propias autoridades quienes se encarguen

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