Cosntitucion

¿Qué pasó con la democracia participativa en Colombia?

Por Gabriel Bustamante Peña

FUNDAMENTOS La democracia participativa debe salirse de las leyes y poblar las calles, las aulas escolares, las universidades, los barrios y comunas, incluso llegar hasta espacios supranacionales…

Desde la promulgación de la Constitución de 1991 Colombia se convirtió formalmente en uno de los países más democráticos del mundo. La Carta del 91 entronó la democracia participativa para complementar y ampliar la abstracta democracia representativa, e inclusive, les dio rango constitucional a organismos de participación ciudadana como el Consejo Nacional de Planeación.

Luego, se pretendió desarrollar la democracia participativa con una completa ley de mecanismos de participación ciudadana (ley 134 de 1994) que dotó a los colombianos de importantes herramientas jurídicas para intervenir en los asuntos públicos y defender sus derechos fundamentales.

Apareció paulatinamente toda una serie de legislación especializada para promover la participación en diferentes campos como: el juvenil (ley 375 de 1997), el ámbito escolar (ley 115 de 1994), la agenda de paz (ley 434 de 1998), en la cultura (ley 397 de 1997), en la justicia (ley 294 de 1996), entre otros. De este proceso surgieron organismos novedosos como los consejos de cultura, juventud, los personeros estudiantiles, los manuales de convivencia, consejos de paz, las veedurías ciudadanas, los jueces de paz y los conciliadores en equidad, los comités de vigilancia. Toda una serie de espacios, instituciones y marcos legales dispuestos para facilitar y promover la inclusión ciudadana y la cohesión social en la elaboración, ejecución y control de las políticas públicas.

Pero si bien es cierto en el campo legal hubo toda una revolución democratizadora, en la realidad nuestro sistema político y social fueron muy pocos los avances para superar el autoritarismo, la exclusión y los vicios políticos de fondo. En la práctica poco ha cambiado, nuestra forma de asumir lo público siguió marcada por la violencia, por una mayor apatía y un creciente individualismo. Nuestra democracia no se ha fortalecido, como era la intención de la Constituyente, por el contrario luce más impotente ante los nuevos y mayores retos que le imprimió la Carta del 91. Por todo esto la democracia colombiana se terminó desenvolviendo durante todos estos años entre dos realidades tan disímiles, tan desconocidas entre si y tan incoherentes: la maravillosa realidad constitucional, la enredada realidad legal y la trágica realidad social.

Tú participas, yo participo: ellos deciden

Algunas preguntas nos sirven de punto de partida para analizar nuestra democracia 'participativa'. Por ejemplo, en una democracia participativa ¿debería el gobierno concertar la implementación de multimillonarios incentivos a transnacionales extranjeras? ¿Deberían concertar las fumigaciones con las poblaciones afectadas? ¿Deberían solicitar la opinión a los ciudadanos para firmar el TLC con los Estados Unidos? ¿Deberían preguntarnos sobre la decisión de comercializar nuestros bosques y selvas o la privatización del agua? Obviamente la respuesta es Sí, pero la realidad nos dice No.

A pesar de todo el desarrollo Constitucional y legal que tiene Colombia en materia de participación, hemos visto como la dinámica política y la toma de decisiones van en contravía y se inscriben más en procesos cerrados, unilaterales y excluyentes. La excesiva concentración de poder en cabeza del ejecutivo impide, inclusive, el perfecto desarrollo de la representación democrática que se expresa a través de los órganos colegiados. Los concejos municipales y las juntas administradoras locales, las asambleas departamentales y hasta el Congreso de la República, terminan sumidos en muchas ocasiones a los intereses y prerrogativas del gobierno de turno, y dejando a un lado su función de representar por medio de sus decisiones a los intereses ciudadanos que los convocan y mucho menos cumplen su función de control político, pilar fundamental de la democracia.

En el orden de ideas que la democracia participativa complementa, suple y fortalece la democracia representativa, la participación ciudadana, entendida en la elaboración, ejecución y control de las políticas públicas, es un escalón superior en la democratización de nuestro sistema social. Sin embargo primero debemos comenzar por construir un sistema de representación independiente frente al ejecutivo, transparente frente a las decisiones públicas y responsable hacia los ciudadanos, sin esto, la complementariedad de la participación es imposible o inútil.

Además, nuestra democracia participativa no pasará de ser un simple sofisma de distracción mientras no existan gobiernos comprometidos con generar las condiciones para la participación real de los ciudadanos y grupos de la sociedad civil preparados, activos y conscientes de sus derechos a conquistar y de los deberes que deben cumplir para hacer realidad los postulados democráticos.

Por esto, la democracia participativa debe salirse de las leyes y poblar las calles, las aulas escolares, las universidades, los barrios y comunas, los municipios, departamentos y el país, e incluso llegar hasta espacios supranacionales que permitan la participación de todos en decisiones sobre asuntos regionales o globales como la firma de tratados de libre comercio, o la suscripción de tratados internacionales de protección

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