Editorial

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CONTRATOS

El 9 de mayo, este Diario publicó un trabajo de investigación realizado durante algún tiempo hasta obtener toda la información y consultar minuciosa mente varias fuentes documentales y personales. El periodo investigado va de enero del 2006 a febrero del 2010. Son ochenta y seis contrataciones que suman un millón cuatrocientos mil dólares.

Se revela que con ofertas que contienen irregularidades, como firm3f adulteradas, por ejemplo, se entregaron contratos de asesoría de relaciones públicas en tres ministerios. Ambiente, Turismo, y Desarrollo Urbano y Vivienda, y en la Fundación del Programa de Aseguramiento Popular.

El Diario cumplió con su" deber de investigar para ' informar a la ciudadanía sobre algo que tiene derecho a conocer: la manera en que se usan los fondos públicos. Hasta aquí su papel.

La prensa no juzga, no declara culpables, no asume inocencias, simplemente informa y espera que a partir de esa información se tomen las medidas que sean pertinentes y que la ciudadanía vigile que así sea, pues se trata del dinero de todos. Ahora la Contraloría, la Fiscalía y todas las autoridades correspondientes conocen el hecho y deben asumir la actitud que por ley les asigna y que la ética demanda

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CHUCKY-SEVEN

Ante la denuncia de que "alguien cargó un pen drive con la sentencia en contra de EL UNIVERSO, sus directivos y el ex editor de Opinión" en la computadora del Juzgado 15º, y que quien lo hizo fue un usuario denominado "Chucky-Seven" presentada por el procurador síndico de este Diario, el presidente de la República dijo que se refería a un programa de Windows.

Lo que no dijo .es que Chucky-Seven es el usuario que se usa para los programas piratas de Microsoft, no autorizada, de venta e instalación ilegal en el mundo y en Ecuador. Creada por las mafias de software que utilizan el seudónimo de Chucky y le añaden "seven" porque es copia de Windows 7.

Pero más allá de los tecnicismos, lo escandaloso para los ecuatorianos es conocer que un juez utiliza una instalación pirata, ilegal.

Es inadmisible que en una computadora de la Corte de Justicia se-introduzca un archivo trabajado con un sistema pirata y más aún, que quien lo utiliza sea responsable de juzgar supuestos delitos. Usar programas sin licencia es legal, por lo tanto nos preguntamos ¿será moral y legalmente confiable una sentencia emitida por alguien que habría actuado fuera de la ley?

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