Libro.

Cinco predios que suman un poco más de 1.200 hectáreas, ubicados en su mayoría en el corazón de la antigua hacienda Bellacruz, que primero fue de la familia del ex ministro Carlos Alberto Marulanda y que hoy está en poder de la Dolce Vista -cuyo principal accionista es el dueño de Avianca Germán Efromovich-, en el sur del Cesar, deberán ser devueltos al Estado.

Esa fue la decisión que tomó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- este 1 de abril de 2013, después de un proceso que ya lleva dos décadas entre visitas oficiales, reclamaciones de los campesinos y alegatos de la empresa inversionista (Lea la resolución aquí: parte 1, parte 2 y parte 3).

VerdadAbierta.com documentó que campesinos que pedían titular predios baldíos -incluso dentro de la misma hacienda que llegó a tener 25 mil hectáreas entre los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque- salieron desplazadas 500 familias el 14 de febrero de 1996 forzados por paramilitares al mando de ‘Juancho Prada’.

Entonces lo que demostró el Incoder fue que la familia Marulanda se apropió de terrenos que volverán a manos del Estado, que ahora podrá decidir si titula a los campesinos que han pedido por más de 20 años esas tierras.

El caso de la Bellacruz fue catalogado como emblemático por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2011 cuando fue aprobada en junio de ese año la Ley de Víctimas.

En Justicia y Paz, varios desmovilizados de las Auc confesaron que el 14 de febrero de 1996 un grupo de paramilitares a cargo de alias ‘Juancho Prada’ llegaron a la hacienda pagados por la familia Marulanda, entonces dueña de la Bellacruz, para evitar las titulaciones que el Incora iba a realizar en predios aledaños a la hacienda y que los mismos Marulanda habían vendido al instituto de tierras (Lea Las trampas de Bellacruz y Tierra prometida en la Bellacruz).

La investigación de VerdadAbierta.com documentó además, con base en los registros y los relatos de los campesinos, que en la antigua hacienda que luego se redujo 5.500 hectáreas y que en 2008 fue comprada por La Dolce Vista Estate había más de 1.000 hectáreas de baldíos.

El Incoder determinó que hay “una ocupación indebida de baldíos” por parte de La Gloria S.A.S, M.R Inversiones S.A.S, La Dolce Vista State Inc. de su sucursal en Colombia y el grupo agroindustrial Hacienda La Gloria S.A, y que como colofón no pueden ser ocupantes de “buena fe” por lo que ni siquiera les reconocerá las mejoras, es decir, los cultivos de palma que están en pleno crecimiento sobre los baldíos. El Incoder argumenta que antes de comprarles las tierras a los Marulanda, las empresas debieron haberse percatado que en los títulos había anotaciones que evidenciaban la existencia de baldíos.

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