Suprema Corte de Estados Unidos

, por la Suprema Corte de Estados Unidos.

Un médico psiquiatra es querellado por los padres de Tatiana Tarasoff, una joven asesinada por un psicópata

paciente de aquel y a quien había confiado sus intenciones para con la víctima. Prosenjit Poddar, que

estaba bajo tratamiento psiquiátrico a cargo del doctor Lawrence Moore, del Cowell Memorial Hospital en la

Universidad de California (Berkeley), le reveló su intención de matar a Tatiana Tarasoff. El psiquiatra advirtió

a la policía del campus del propósito de su paciente y Poddar fue detenido, aunque poco después fue dejado

en libertad atendiendo a su apariencia de “normalidad”. El psiquiatra trató de hospitalizar a su paciente, pero

no comunicó a la joven el peligro que ella corría. Con posterioridad, Prosenjit Poddar mató a Tatiana. Los

padres de la víctima solicitaron una indemnización basándose en la negligencia del médico. La Suprema

Corte de California estimó la demanda al considerar que el psiquiatra tenía un deber especial de adoptar

todas las medidas necesarias para evitar la peligrosidad de su paciente (avisó a la policía pero no llegó a

agotar todas las medidas necesarias que estaban a su alcance para evitar el asesinato, incumpliendo, en

consecuencia, la diligencia debida como facultativo). La inminencia del peligro era tan evidente con base en

un juicio de previsibilidad que el Tribunal dio preeminencia al interés público frente a los privilegios de secreto

del psiquiatra y de intimidad del paciente.

En el tribunal la justicia se dividió en dos posiciones contrastantes. La opinión mayoritaria declaró culpable al

psiquiatra de negligencia profesional, alegando que la obligación de proteger a las personas de agresiones

violentas sobrepasa la regla deontológica de confidencialidad, y en tales casos se debe advertir directa o

indirectamente al individuo involucrado. La opinión minoritaria, por el contrario, defendió la conducta del

psiquiatra como protector de los derechos del paciente al no violar el secreto profesional. Pero además,

apoyándose en argumentos de consecuencia, se insiste en la ventaja para el bien público de mantener

estricta reserva de la información psiquiátrica.

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