CASO EDGAR TAMAYO

ANTECEDENTES

En enero de 2003, el gobierno mexicano, interpuso una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, argumentando la violación a los derechos de protección consular de 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte en ese país; en 2004 la Corte Internacional de Justicia falló a favor de México, ordenando revisar todos los procesos judiciales de dichos sentenciados, y a dicha resolución se le conoce como "Fallo Avena".

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia estadounidense, resolvió que las Cortes de Estados Unidos no están obligadas a acatar los fallos de la Corte Internacional de Justicia, y que cada Congreso local debe crear la legislación necesaria que especifique en qué casos dichos fallos deben ser respetados.

Lo anterior viene a colación porque Édgar es parte del Fallo Avena, del mismo modo que lo eran José Medellín y Humberto Leal, a quienes a pesar del resolutivo de la Corte Internacional de Justicia, nunca se les otorgó revisión alguna, y les fue ejecutada la sentencia de pena de muerte en 2008 y 2011, respectivamente.

El caso de Édgar estuvo plagado de irregularidades y de faltas al debido proceso, y a esto debemos sumar el hecho de que padece discapacidad mental leve, ocasionada por un accidente que tuvo a los 17 años de edad.

El canciller mexicano, el embajador en Estados Unidos, el presidente de la CNDH y el gobernador de Morelos, enviaron cartas al gobernador de Texas y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del Estado, solicitando la suspensión de la ejecución.

Del mismo modo, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, la Coalición Nacional Evangélica Latina, los embajadores de la Unión Europea, Reino Unido, El Salvador, Honduras y Uruguay en Estado Unidos, la American Bar Association, el American Friends Service Comittee, y los Departamentos de Estado y Justicia de los Estados Unidos solicitaron al gobernador Perry la suspensión de la ejecución. Lamentablemente, todos los esfuerzos resultaron inútiles.

En la administración del gobernador Perry destaca la altísima cifra de ejecutados por sentencia de pena de muerte –200 durante sus poco más de ocho años de mandato–, haciendo que Texas ocupe el 44% de las ejecuciones aplicadas en los Estados Unidos.

La solicitud de aplazamiento o conmutación de la pena capital que tantas instancias hicieron al gobernador Perry no es descabellada, ya que en Estados Unidos de 1996 a la fecha, a nueve mexicanos les fue conmutada por cadena perpetua; y cuatro más obtuvieron su libertad al reponerse sus juicios o demostrarse su inocencia.

Aún hay muchos conciudadanos incluidos

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