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AUTONOMIA AL ATUTORITARIMO.

Sandra QeApuntes23 de Agosto de 2016

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LA EDUCACIÓN, EL ESTADO, LO PÚBLICO Y LO PRIVADO DE LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA

 

Trabajo elaborado por Wanda Bernardini

de la agrupación Agreta Merlo

 

 

  Este trabajo pretende ser un pequeño aporte al debate planteado en torno al tema del Estado, lo público y lo privado en el marco de la globalización capitalista. Por ello, en estas páginas sólo intento sugerir, probablemente ejemplificar, algunas de las maneras en que se estructura la legitimación del Estado capitalista a través del sistema educativo.

  Partiendo de la base de que las políticas públicas son intervenciones concretas tanto como omisiones concretas del Estado hacia la sociedad, me pregunto, a lo largo de este análisis, si las características que imprime el actual Estado globalizado a sus políticas educativas, constituyen respuestas de reacción ante la crisis o bien forman parte de una modalidad de legitimación deliberada de exclusión social.

  En este sentido, resulta imprescindible revisar la naturaleza de determinadas prácticas y discursos estatales, toda vez que las políticas de Estado constituyen el escenario central de la lucha por lo público y hacen visibles las orientaciones ideológicas que las sustentan.

 

DE LA AUTONOMÍA Y AUTOGESTIÓN AL AUTORITARISMO

 

  Las políticas de descentralización (del gasto) ya por todos conocidas, que han conducido a la fragmentación del sistema educativo y su consabida secuela de competencia entre escuelas posibilitaron, que el logro más invisible del neoliberalismo haya sido el de imponer un modelo autoritario. Paradójicamente o no tanto, en nombre de la ideología, autoproclamada, de la libertad.

  Esto es de manual: en un régimen autoritario no son los gobernantes sino los gobernados los que rinden cuentas por sus acciones. De la misma forma que hoy, cada institución escolar, de acuerdo al patrón competitivo instalado, rinde al Estado las cuentas de sus proyectos institucionales y sus logros.

  Se trata de la imposición de una escuela empresaria que, sin embargo no goza de ninguno de los beneficios de los que disponen las empresas privadas. Nótese, por ejemplo, que las partidas presupuestarias destinadas a equipamiento se envían a cada institución de acuerdo a su matrícula y no a sus necesidades, es decir, las escuelas más necesitadas, precisamente porque no captan matrícula, no tienen crédito.

  Lo mismo ocurre con la burocracia: mientras en una empresa privada ésta se restringe a la actividad de unos pocos departamentos especializados, en la educación invade la totalidad de las actividades de cada uno de sus agentes y, lo que en la empresa son normativas relativamente limitadas (la eficiencia requiere claridad y los costos pocos burócratas) en las prácticas educativas es superposición de reglamentaciones excesivas e inconexas, que más que descentralizar, descubren el corsé que impone la burocracia sobre cualquier manifestación de actividad autónoma.

  Por lo demás, la burocracia siempre ha sido la grieta por la que se filtra el autoritarismo en los sistemas democráticos y, en educación, el lamentable límite natural que desmiente el mejor esfuerzo de palabrería neoliberal.

  En este último aspecto, distingo expresamente este autoritarismo de las políticas educativas de lo que algunos autores han mencionado como la imposición de un discurso único en el plano general de toda la sociedad. La diferencia, sin embargo, no radica simplemente en el ámbito de aplicación. En primer lugar, porque en una sociedad que aún pretende conservar su condición democrática, aunque ésta sea meramente formal, un discurso autoritario puede ubicarse jerárquicamente por sobre los demás discursos pero no los anula. Si lo hiciera, no encontraría la forma de legitimarse “frente a” y, adicionalmente, impondría la necesidad de una forma de gobierno dictatorial que por el momento ha quedado fuera de foco. En segundo término porque el autoritarismo, ya sea en una forma de gobierno democrática o dictatorial, mantiene en las subjetividades individuales un potencial de rechazo que no conviene al sistema, en tanto que la imposición de un discurso único, impondría la existencia de una subjetividad conformista y acrítica. Ni siquiera en Europa o Estados Unidos, donde las democracias cuentan con mayor aceptación, tal subjetividad ha podido jamás ser constituída en el plano general de toda la sociedad.

  El supuesto del discurso único sólo habilita la difusión de teorías del tipo “fin de la historia o las ideologías” que no logran convencer, ni siquiera, a los propios liberales que siguen empeñados en reprimir cualquier evolución en el grado de conciencia de las masas que amenace al stablishment.

  En el ámbito educativo, en particular, donde el potencial de rechazo al que me he referido es evidente en cada trabajador, no se ha logrado, sin embargo, cristalizar tal potencial en una propuesta alternativa.  Los obstáculos hacia este desarrollo podrían pensarse en relación con: 1) la desconfianza abierta hacia un modelo sindical negociador y burocrático, por lo tanto, la pérdida de un espacio de deliberación esencial para los trabajadores, 2) la autoexplotación impuesta por la necesidad de supervivencia que deja pocos márgenes, en términos de tiempo disponible, para dedicar a la organización política o social y que, en el caso de la mayoría femenina que compone nuestro gremio se agrava en función de la denominada doble jornada (trabajo legal y doméstico) y por la situación, bastante ignorada, de  mujeres jefas de familia, que afrontan cada vez mayor cantidad de compañeras y 3)la propia subjetividad docente mayormente ubicada en la condición profesional que en la de trabajador.

  En todos los casos la impostura de un modelo empresarial, pero sobre todo autoritario, provoca miedo y paraliza.

 

DE LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO A UN PÚBLICO PRIVATIZADOR

 

  En gran parte del debate actual sobre la construcción de un espacio público no estatal, se sostiene que conviene a la burguesía una clara diferenciación entre Estado y Sociedad Civil. Ciertamente, en las últimas décadas, los neoliberales han venido afirmando el fortalecimiento de la sociedad civil, que identifican indistintamente con el avance del tercer sector y de los movimientos sociales. De forma más entusiasta, claro está, cuando éstos alzan su voz por reclamos de seguridad o transparencia política; dos condiciones básicas para el funcionamiento de los mercados.

  En contraposición a esta apreciación, creo, que lo que intenta construir el liberalismo globalizado no es la oposición público-privado, que edificó exitosamente en su lucha contra el absolutismo, sino más bien, su total indiferenciación en pos de maximizar la fragmentación del espacio público. En otras palabras se pretende, en términos gramscianos “legitimar el consenso” haciendo invisibles las relaciones concretas que subyacen a la oposición público-privado a favor del último término del binomio.

  Esta estrategia permite que, en sectores no transnacionalizables, por lo tanto no redituables, como la educación, sea el Estado el sostén material de la fragmentación y la lógica privada la que aporte la ideología correspondiente. Pienso, por ejemplo, que una escuela donde una ONG o una comunidad de padres discrimina la matrícula, sería la expresión de éste fortalecimiento de la sociedad civil y, a su vez, una pública privatización del espacio público. En este ejemplo de escuela excluyente queda clara la perversidad de la estrategia: es la esfera pública –los padres, las ONGS- la que privatiza y excluye.

  Si se me concede esto, tendríamos entonces que discutir la debilidad que enfrentamos para conformar la esfera pública no estatal, entendida ésta como espacio de conflicto y lucha entre múltiples lógicas discursivas por la definición de políticas públicas (Habermas-1986). Dicha dificultad se advierte en que, hasta el momento, los discursos que monopolizan la escena pública son discursos burgueses o, en el mejor de los casos, no estrictamente burgueses pero que no cuestionan la legitimidad ni luchan por la abolición del Estado capitalista. Y, ya se trate de justos reclamos contra la instauración de empresas contaminantes o de demandas seudofascistas por seguridad, ambos se indiferencian (se igualan) dado que no cuestionan las bases socioeconómicas de la dominación.

  La indiferenciación, en la que insisto, confirma, por un lado, el valor explicativo del concepto gramsciano de hegemonía, esto es; el papel central que cumple el Estado en la legitimación del consenso a través de la cultura y la ideología y explica, por otro, el interés neoliberal por los procesos de reforma educativa operados, desde fines de los ’80, en gran parte del planeta, en función de que la cultura e ideología que se intenta imponer a toda la sociedad, encuentran en los sistemas educativos su lugar de privilegio.

  Sin embargo, no significa esto  que el capitalismo globalizado prefiera sustituir  el consenso por coerción, más bien, de lo que se trata es de justificar por consenso la coerción. Permítanme argumentar alguno de los motivos por los cuales creo que esto funciona de esta forma.: El modelo de acumulación neoliberal que abandonó la producción masiva de bienes estandarizados y fragmentó la capacidad de consumo, fragmentó, en el mismo proceso a la sociedad; a esto nos referimos habitualmente con la expresión  de destrucción del tejido social. En este marco es donde comienzan a aparecer una pluralidad de actores grupales con intereses y/o asuntos muy puntuales reclamando ante el Estado. Los discursos, desde aquí generados, desde el más contestatario al menos, posibilitaron la ficción de una democracia pluralista, agravada esta situación con la capacidad con la que aún cuenta, al menos nuestro Estado; de cooptar gran parte de las identidades conformadas detrás de estos reclamos. Creo que no hace falta ejemplificar la cantidad de agrupaciones sociales y políticas que hoy trabajan, verbigracia, al servicio del gobierno Kirchner pero sí señalar que estas lógicas discursivas, al quedar atrapadas en el Estado, reducen sensiblemente, parte del debate que debiera darse en la esfera pública. Señalo, entonces, esta capacidad de cooptación como otro de los problemas al que nos enfrentamos en la construcción de lo público.

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