La Autonomia

El proceso de descentralización iniciado en Venezuela a finales de la década de los 80 surgió como respuesta a la exigencia de los ciudadanos de un nuevo modelo político que permitiera que estos fueran partícipes en la solución de sus problemas locales, desconcentrando el poder del Estado en la Capital y el Presidente de la República, y lo acercara a los ciudadanos en todas las regiones del País.

Esta renovación de la institucionalidad del Estado surgió además, ante la inviabilidad de un modelo organizativo agotado, como una acción imperiosa de la clase política para mantener la vigencia del propio sistema democrático en el País. No obstante, del conjunto de reformas modernizadoras del Estado que se debieron realizar, sólo una pequeña fracción de ellas se llevaron a cabo, y si bien es cierto se produjo un fortalecimiento del sistema democrático que conllevó importantes mejoras en el desarrollo de la República y la calidad de vida de los ciudadanos, no fueron suficientes para resolver los problemas de fondo del sistema, y dos décadas después, se muestra nuevamente exhausto e inviable.

Hoy, al inicio de la segunda década del siglo XXI, la democracia venezolana vuelve a encontrarse amenazada no solo por el agotamiento de su modelo funcional, sino por la incorporación de un modelo político autoritario que bajo la falsa premisa del “poder popular” pretende substituir la democracia tal cual la conocemos, y ante el cual no parecieran existir alternativas innovadoras que representen a la vista de los ciudadanos, una opción de mejor futuro y mayor prosperidad en democracia y libertad. Es por ello que, ante la creciente amenaza del estado comunal, se hace imperiosa la necesidad de presentar al País una respuesta que la rivalice y la supere, que incluya los aspectos más positivos de la democracia venezolana, que profundice y concluya las transformaciones iniciadas por la descentralización, y que permita a los ciudadanos y a las regiones ser actores principales en la reconstrucción del País. Es necesario presentar la Autonomía Regional como la evolución de la descentralización en el futuro de Venezuela.

1. La Descentralización

El proceso de transformación iniciado por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en 1984, conllevó la aprobación de nuevos instrumentos jurídicos que permitieron materializar y hacer viables espíritus y propósitos que ya estaban establecidos desde la Constitución de 1947, en la cual por ejemplo, se establecía la potestad del congreso de transferir competencias del Ejecutivo Nacional a los Estadosy a los Municipios (artículo 139), “a fin de promover la descentralización administrativa”, pero que en la práctica, habían sido letra muerta durante casi medio siglo.

Del perfilamiento de las líneas maestras del proceso de reforma del Estado que concibió la COPRE y que llegaron a implementarse, la de mayor trascendencia fue sin duda descentralización política, mediante la cual se permitió que los ciudadanos venezolanos pudieran elegir directamente, mediante votación secreta y universal, a sus Gobernadores y Alcaldes, lo cual se materializó con las primeras elecciones en 1989.

La elección directa de Gobernadores y Alcaldes, con la subsiguiente transferencia de competencias que son propias a las regiones (como la administración de puertos, aeropuertos, vialidad, etc. ), permitió una reforzamiento del sistema democrático venezolano, al incentivar la participación democrática ciudadana, hacerla vinculante, y acercar a ella los espacios de decisión del poder sobre los aspectos más importantes de su vida diaria.

El esquema de participación ciudadana que impulsó la descentralización política ha

democratizado la gestión de los gobiernos locales y ha dado una mayor influencia a la población en la toma de decisiones, resultando en una afianzada percepción de que los recursos eran administrados más eficiente y ejecutados de una forma más cercana a las necesidades reales de la gente. Esto impulsó el surgimiento de liderazgos regionales que han ejercido importantes espacios de influencia a nivel nacional, y que se han convertido hoy por hoy, en muros de contención democrática ante el avance del autoritarismo enmarcado bajo el proyecto del Socialismo del Siglo XXI.

Sin embargo, el proceso de descentralización se centró y se ejecutó fundamentalmente en la redistribución del poder político a nivel regional, por lo cual y pese a los avances, subsistieron trabas importantes para el desarrollo económico y social de las regiones, puesto que no bastó tener poder de decisión, al no contar con los recursos económicos para poder hacer o ejecutar dichas decisiones. En el fondo, el proceso de descentralización versus la centralización, devino en una lucha asimétrica por el poder político y por el poder económico, que se acrecentó a niveles nunca antes alcanzados en la histórica contemporánea del País, donde la asignación o transferencia de recursos económicos por parte del ejecutivo nacional a las alcaldías y gobernaciones, se convirtió en el mecanismo de subyugación política más eficiente que se hubiere visto, usando los recursos públicos para comprar lealtades o doblegar voluntades políticas adversas, y contener el crecimiento de liderazgos regionales basados en una eficiente gestión de gobierno.

La descentralización, al no incluir una verdadera capacidad de decisión y autonomía tributaria que permitiera a las regiones asegurar su crecimiento económico y ejecutar sus planes de desarrollo, no lográndose la total transferencia de competencias sobre la administración de los servicios públicos y demás asuntos de natural y legítimo interés regional, es decir, al no haberse realizado la transformación en la justa dimensión que requería el País, la descentralización no logró dar la solidez necesaria al sistema democrático venezolano sino que solo pospuso su vida útil, y hasta se podría decir que la reforma parcial del Estado contuvo dentro de sí misma, los gérmenes de su propia destrucción.

Hoy en día el proceso de descentralización en Venezuela se ha revertido casi en su totalidad, permaneciendo (“por ahora”), la descentralización política.

Forma parte sustancial de las líneas estratégicas del Plan Nacional Simón Bolívar (sustento para el accionar del gobierno presidido por Hugo Chávez) la configuración de una nueva geometría del Poder basada en el llamado “Poder Popular”, la cual contempla en última instancia, la sustitución de las gobernaciones y alcaldías, por comunas y federaciones de comunas, y la misma desaparición del sufragio universal y secreto como medio de ejercer la voluntad popular.

Actualmente, diversos estudios de opinión nacional muestran que la gran mayoría de los ciudadanos se siente defraudado por el actual modelo de organización, y que demandan una renovación del mismo que esté contenida una mayor participación ciudadana y ceda un mayor protagonismo a los venezolanos en la toma de decisiones. Es en este contexto histórico de una nueva crisis del sistema democrático venezolano, donde el sector oficialista ha encontrado la oportunidad de embaucar al ciudadano venezolano en la falsa promesa de una profundización de la democracia a través de la democracia directa que pregona el Socialismo, y ante la cual, desafortunadamente los sectores democráticos no han logrado hacer frente en el plano narrativo de una alternativa diferente al pasado o a la sola defensa de la actual Constitución.

¿Cuál es el alcance de esta nueva crisis del sistema democrático venezolano? y sobre todo ¿Cuál debe ser la respuesta de la sociedad democrática venezolana ante la centralización y el Socialismo del siglo XXI?. ¿Cuál nuevo proceso de transformación del estado debemos proponer para encausar las turbulentas aguas de este nueva confluencia histórica?.

2. El Estado Comunal

La propuesta oficialista del “Socialismo del Siglo XXI” tiene como objetivo central la instauración de una “Democracia Popular Socialista”, la cual a pesar de haber sido negada por la mayoría de los Venezolanos en el Referedum de la Reforma Constitucional en el 2007, se ha venido implementando paulatinamente mediante el apoyo de leyes abiertamente inconstitucionales. El proyecto del Socialismo comprende actuaciones que giran en torno al establecimiento de la primacía del Estado sobre la Sociedad y la Economía, la organización de la Sociedad en estructuras comunales gubernamentales de forma piramidal y estrictamente centralistas, así como la configuración de una nueva geometría del poder basada en una “Democracia Directa”, según establecen “Las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013”.

De entre el conjunto de Leyes Inconstitucionales para la instauración del Estado Comunal, resalta la Ley Orgánica de las Comunas, la cual tiene por objeto “Desarrollar y consolidar el Estado Comunal como expresión del Poder Popular y soporte para la construcción de la sociedad socialista”, es decir, transformar la Sociedad Capitalista en otra Socialista o Comunista. Establece la Comuna como la “entidad local socialista” fundamental que agrupa a Consejos Comunales para construir el Socialismo, la Propiedad Social, desarrollar el “autogobierno” y el Estado Comunal.

La comuna tiene como máxima autoridad del “autogobierno” al “Parlamento Comunal”, el cual tiene como fin regularla vida social y el orden Legislativo vigente en el espacio territorial de la comuna (Art. 21),.

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