Administración Pública.

Introducción

Los temas que se estudian y analizan, en estos tiempos de cultura horizontal, son de vital importancia y deben ser conocidos por todo hombre y mujer de derecho, pues se ha llegado al consenso general de considerar que la corrupción ha dejado de ser un problema local o nacional para erigirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías. Situación que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y combatirla. La prevención y control de la corrupción es responsabilidad de todos los Estados. En consecuencia, estos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las asociaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que los esfuerzos sean eficaces contra este flagelo mundial. Para ello se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario con el cual prevenir y combatir en forma eficaz la corrupción. Un mecanismo y quizá el más importante, en este esfuerzo es el Derecho Penal, instrumento racional con el que cuentan los Estados para buscar reprimir los actos de corrupción y hacer posible que por medio de la prevención general negativa y positiva de la pena, los funcionarios públicos y los particulares se abstengan de realizar conductas corruptas y más bien se fomente una cultura de rechazo a la corrupción.

Por otro lado los delitos contra la administración pública siempre han tenido cabida en los códigos penales del Perú. No obstante, es con el destape de la corrupción enquistada al más alto nivel político en la década de los noventa, que recobraron real importancia y trascendencia nacional en el ámbito practico, teórico y jurisprudencial.

El derrumbe de la cúpula política que gobernó el país desde 1990 hasta el 2000, origino múltiples investigaciones por la comisión de diversos delitos contra la administración pública cometidos por una asociación ilícita para delinquir. Se ha presenciado la excepción del desfile antes las Fiscalías y Tribunales de Justicia, de personas que ocuparon los más altos cargos públicos en nuestro país. En efecto, por este tipo de delitos han sido procesados y finalmente sentenciados, personas que ocuparon cargos importantes como Presidentes del Congreso, Ministros de Estado, Congresistas, Fiscales de la Nación, Jueces y Fiscales Supremos, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, generales de los institutos armados, poderosos asesores, etc.

Para el Derecho Penal y Procesal Penal nacional ha sido muy enriquecedor el destape de aquella cúpula corrupta. Antes del año 2000, muy poca importancia se le daba a la interpretación doctrinaria y jurisprudencial de los delitos contra la administración pública. En la práctica, pese a que se sentía a flor de piel y se olía en el ambiente, la comisión de delitos que lesionaban el normal y recto funcionamiento de la administración pública, muy pocos casos llegaban a los estrados judiciales. Eventualmente, solo se detectaban actos de corrupción cometidos por funcionarios o servidores públicos que ocupaban cargos administrativos menores. Es más, los casos que se lograban judicializar, es su mayoría, terminaban con sentencia absolutoria, y en no pocos, por prescripción.

También sirve como evidencia que antes del año 2000, no se le daba importancia a la hermenéutica jurídica de los delitos que lesionaban o ponían en peligro el normal funcionamiento de la administración pública, tampoco a la circunstancia práctica de que al inicio de las investigaciones a los funcionarios y servidores públicos de la década antes citada; en muchos casos, se realizaron deficientes calificaciones jurídicas de los hechos que se les imputaba. Estas últimas favorecieron a los imputados para evadir la acción de la justicia o para lograr absoluciones ante el asombro de los ciudadanos de a pie, que no comprendían las razones por la que la justicia declaraba libres de responsabilidad penal a personajes públicos que incluso, al inicio declaraban voluntariamente haber cometido actos de corrupción en perjuicio del Estado, ya sea en calidad de autores o participes.

En el presente trabajo se hará uso en forma ocasional de la ubérrima bibliografía extranjera, se sustentará y argumentara posiciones y opiniones de la escasa bibliografía nacional y precedentes jurisprudenciales, que en cantidad es abundante, pero en calidad todavía le queda mucho camino por descubrir y recorrer. Como alumnos hemos puesto como uno de los objetivos convertir el presente en herramienta para que los alumnos de Derecho, intenten dar una solución razonable a los diversos problemas que generan actos de corrupción de funcionarios o servidores públicos en nuestra patria.

INDICE

Introducción………………………………………………………… 01

Administración Publica…………………………………………...... 04

Características………………………………………………………. 05

El Funcionario Público……………………………………………....06

Peculado………………………………………………………………10

Peculado por Utilización……………………………………………..13

Perjuicio Patrimonial…………………………………………………14

Bien Jurídico Protegido……………………………………………….17

Peculado Culposo……………………………………………………...20

Peculado de Uso……………………………………………………….21

Malversación de Fondos……………………………………………....30

Retardo Injustificado de pago…………………………………………39

Rehusamiento a Entrega de Bienes Depositados o

Puesto en custodia………………….…………………………………43

Extensión de Punibilidad……………………………………………...49

Acuerdo Plenario……………………………………………………...50

Coclusiones……………………………………………………………54

Bibliografia……………………………………………………………55

Administración Pública

Si efectuamos una interpretación exegética de los delitos previstos en el título XVIII del Código Penal, sin dudar uno afirmaría que lo que se pretende proteger es la administración pública. En esa inteligencia, cabe preguntar qué se entiende por administración pública y que aspecto de la misma es materia de protección jurídica penal.

La administración pública es entendida como toda actividad cumplida o realizada por los funcionarios y servidores públicos, encargados de poner en funcionamiento al Estado, orientado al cumplimiento de sus fines y funciones, sometidos a una jerarquía o niveles en todos sus órganos o entidades. De ahí que se acepte que la administración pública se concibe en doble sentido. Objetivamente, como el conjunto de actividades realizadas por los agentes públicos y que constituye el desarrollo, la dinámica de la función misma. Y subjetivamente, se constituye en el orden de órganos estatales, lo que implica niveles, jerarquía, entidades, cargos y oficios delimitados en sus competencias.

Desde una perspectiva organicista, administración es ante todo, organización (ordenar económicamente los medios que se dispone y usar convenientemente de ellos para proveer las propias necesidades), y si se le adiciona el adjetivo pública, se estará vinculando a la idea de manejo, gestión o gobierno, esto es, el concepto de poder público o actuación de Estado a través de sus diversos organismos para vincularse con los particulares o para desarrollar sus propios planes o proyecto de desarrollo .

Por el contrario y siguiendo una perspectiva funcionalista, para Fidel Rojas, si bien en el terreno del Derecho administrativo existe tendencia a circunscribir la administración pública al estricto ámbito de la actividad del aparato ejecutivo, no obstante, actualmente prima una perspectiva más amplia para dejar incluida en ella al todo estatal, en cuanto desarrollo de funciones y servicios públicos. Administración pública comprenderá entonces las funciones y competencias específicas de los órdenes legislativo, judicial, ejecutivo, electoral, organismos autónomos del Estado, y demás instituciones especializadas donde se desarrolle función pública a cargo de agentes oficiales. Obviamente que queda fuera del ámbito de la administración pública las acciones ejercidas por bancos y empresas mixtas y estatales al régimen jurídico privado .

La Administración Publica es el conjunto de poderes, órganos o entidades dotadas de una esfera de atribuciones o competencias; estos entes u organismos, en ejercicio de sus atribuciones o potestades conferidas, realizan una serie de actividades o acciones orientadas a cumplir sus fines y objetivos que justifiquen su existencia dentro del que hacer público o estatal, fines y objetivos que en concreto buscan la prestación de un servicio público eficaz y eficiente; y que en abstracto o en general buscan el bien común de los miembros de la sociedad .

Por lo tanto este grupo de estudiantes nos adherimos al concepto de Administración Pública como sistema vivo y dinámico, dirigido, que participa activamente de la vida social y establece relaciones múltiples entre las propias entidades estatales y paraestatales o con entidades particulares o con los ciudadanos. Esta situación evidencia que en el interior del sistema administrativo no todo culmina

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