Autonomia Hacendaria

Históricamente, el régimen hacendario del Municipio en México se ha supeditado, en buena medida, a las aportaciones financieras que las legislaturas de los Estados les señalen y las participaciones que la Federación les asigna. No obstante que la ley estipula la autonomía para administrar libremente su hacienda, el escenario se torna complejo toda vez que ésta no garantiza la satisfacción de sus necesidades. La misma ley reconoce que sin suficiencia financiera, el Municipio habrá de enfrentar carencias administrativas e inestabilidad política, allí su importancia.

Uno de los retos que enfrenta el Municipio actualmente es la inequidad, en cuanto a la asignación que hace la Federación y las Legislaturas de los Estados de los recursos que legalmente le corresponden. Dicho escenario impacta en mayor medida en las comunidades de mayor marginación, ya que el financiamiento anual que percibe se considera insuficiente y provoca escenarios futuros adversos que tarde o temprano tendrá que enfrentar la administración municipal. En suma, la asignación presupuestaria que hace la Federación a los municipios no corresponde con lo señalado por la ley. Por ello, la necesidad de una planeación y gestión de ingresos y egresos eficiente en tiempo y forma.

Nuestro esquema hacendario muestra una clara desigualdad regional en México. Si bien no se logra establecer una causalidad entre recursos públicos y desarrollo regional diferenciado. Conviene tener en mente que la economía mexicana tiene ya casi dos décadas con frecuentes crisis económicas, las cuales se han reflejado en tasas promedio de crecimiento económico apenas iguales a la tasa de crecimiento demognifico. Más aun, este crecimiento económico se ha caracterizado por ser muy errático. Es decir, se han registrado varios años con crecimiento negativo del producto. Esto, aparte del impacto en la distribución del ingreso, se ha reflejado en un nivel de recaudación muy bajo comparado con estándares internacionales y, particularmente, menor al registrado por países con un grado similar de desarrollo. Ejemplo claro de ello, basta mencionar que si se excluyen los ingresos petroleros, la recaudación tributaria es hoy inferior al 10 por ciento del PIB y en la mayor parte del periodo ha permanecido en esos niveles. Porque constituye una restricción fuerte en el monto de recursos públicos disponibles para incidir sobre el desarrollo regional.

El Gobierno Federal ha jugado un papel importante en la redistribución de recursos públicos entre entidades federativas no ha incidido en la reducción de la desigualdad regional, no solo por la restricción de recursos a que se hizo alusión arriba, sino también por la excesiva centralización de funciones en el Gobierno Federal que, entre otras cosas, ha producido un esquema hacendario con un bajo grado de responsabilidad fiscal. Ello ha propiciado que el gasto público no siempre se haya ejercido con eficiencia. También se destaca que la reciente descentralización del gasto de principios de los noventa, si bien no ha implicado mayor autonomía para Gobiernos Estatales y Municipales, ya que la mayor parte de los recursos descentralizados han sido gastos condicionados, al menos se ha logrado una mayor transparencia en su asignación.

Formalmente, México es una Federación en la que los tres ámbitos de gobierno poseen algún grado de autonomía, tanto en su capacidad para recaudar ingresos como en sus decisiones de gasto. Sin embargo, en la práctica, tal autonomía ha estado tradicionalmente limitada por la concentración excesiva de funciones en el Gobierno Federal. En promedio, en el periodo 1980- 1995 el Gobierno Federal participo con el 79.9 por ciento de los ingresos, en tanto que las Entidades Federativas lo hicieron con el 15 .5 por ciento, y los ayuntamientos con el 4.6 por ciento restante. Por el lado del Gasto, las proporciones fueron de 76.1 por ciento para el Gobierno Federal, 19.8 por ciento para los Gobiernos Estatales, y 4.1 por ciento los Gobiernos Municipales.

Características del municipio.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce al Municipio como un nivel de gobierno, superando con ello el concepto reduccionista de tratarlo exclusivamente como un administrador; a partir de este carácter

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