Comercio internacional. La propiedad intelectual

CAPITULO I. ANTECEDENTES

David Rangel Medina (1998) define al derecho intelectual como “el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”.

Todas estas creaciones, fruto del intelecto de las personas son merecedoras de reconocimiento y apropiación, para que los autores o inventores puedan gozar de una retribución y del derecho de excluir a otros del uso/goce de sus obras o invenciones.

De acuerdo con María Narváez Tijerina (2007) “la exclusión de terceros sobre la utilización de una obra o invención, se logra a través del registro o inscripción ante los organismos gubernamentales competentes y culmina con el reconocimiento jurídico de que los derecho sólo podrán ser explotados por sus creadores o por aquellos expresamente autorizados por ellos…”

La propiedad intelectual abarca dos grandes ramas: los derechos de autor y la propiedad industrial.

Dentro de los derechos de propiedad industrial, se encuentra vigente el principio del Derecho, -prior in tempore, potior in iure-, traducido del latín como “el que es primero en tiempo, es primero en Derecho”. Debiéndose esto, a que el primero en cumplir con los requisitos necesarios exigidos según la legislación de cada país, y presentar ante éste la inscripción o registro de su invento u obra, será a quien le sea compensado con la exclusividad sobre su creación.

Sin embargo, Pérez Miranda (1994) presenta una serie de argumentos en contra de este protocolo. Uno de ellos, es que afecta a los investigadores que han invertido un largo tiempo y recursos económicos y que, por una diferencia de tiempo, pierden la posibilidad de obtener ganancias y recuperar la inversión relizada.

De igual forma, cuestiona el hecho de que carece de sentido que los países de menos desarrollo inviertan en investigaciones que ya han sido abordadas por países industrializados y que, por el tamaño de sus instituciones y el gasto realizado, obtendrán primero resultados exitosos.

Empero a esto, se ha conseguido evitar conflictos que deriven de esta situación con una inclinación hacia el respeto por las prioridades e intereses de los países terceros, logrando según Narváez Tijerina (2007) una “armonización internacional”

Normas constitucionales alusivas a la Propiedad Industrial

Mencionando primeramente las garantías individuales aplicadas en materia de propiedad industrial, es necesario referirse a la fracción V del artículo 3°, donde se señala como una obligación del Estado, el apoyar la investigación científica y tecnológica. Dentro del artículo 25 encontramos el compromiso por parte del Estado de alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares. Por último, el artículo 28 establece la prohibición de monopolios y prácticas monopólicas.

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