DEBIDO PROCESO

Es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a las garantías mínimas, las cuales tienen como objeto asegurar el resultado justo y equitativo dentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener la oportunidad de ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier juez o autoridad administrativa.

El Debido Proceso es la máxima expresión de las garantías fundamentales y cualquier violación a las mismas pueden ser alegadas por vía de violación al debido proceso en un sentido amplio, formando usualmente parte de éste: la preexistencia de la ley penal, el juez o tribunal competente, el acceso a la administración de justicia en condiciones de libertad e igualdad, la observancia y cumplimiento de las formas propias del juicio, entendido este último como todo el desarrollo del proceso, la aplicación de la ley penal favorable, la presunción de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica y material, el proceso público sin dilaciones injustificadas, el principio de contradicción, la imparcialidad del juez, a la doble instancia, entre otros.

En resumen su espíritu es el de ofrecer a cualquier persona que interviene en un proceso, los recursos necesarios para que pueda hacer valer sus derechos y que le sean reconocidos los derechos que le asisten en el proceso.

Los derechos que incluyen el debido proceso son:

1. Derecho a la jurisdicción, que consiste en el derecho a la tutela constitucional.

2. Derecho al juez natural.

3. Derecho a ser oído.

4. Tribunal competente, predeterminado en la ley, independiente e imparcial.

5. Derecho a aportar pruebas lícitas, relacionadas con el objeto del proceso, y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el juez.

6. Facultad de hacer uso de los medios de impugnación previstos en la ley contra resoluciones judiciales motivadas.

7. Respeto a la cosa juzgada.

Artículo 32 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PANAMÁ

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