Derecho.

La transparencia en el Ministerio Público es una asignatura pendiente que en la actualidad presenta dos dinámicas contrarias entre sí. Por un lado, el Ministerio Público es una de las instituciones menos transparentes del Estado mexicano, a pesar del avance logrado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Ley Federal de Transparencia). Por el otro lado, es una institución que puede cambiar mucho en poco tiempo, como lo muestran los casos de los estados de la República donde se ha reformado el sistema de justicia penal para establecer los Juicios Orales.

El problema de fondo es el “tipo” de sistema de justicia penal bajo el cual se desempeña el Ministerio Público. En México, tanto a nivel federal como en la mayoría de los estados existe un sistema de justicia inquisitivo-mixto (escrito) donde el Ministerio Público tiene un amplio poder durante el proceso y sus actividades se llevan a cabo a espaldas de los ciudadanos.

En cambio, en los estados de Nuevo León y Chihuahua se han establecido recientemente sistemas de justicia de tipo acusatorio-oral como el que tienen la mayoría de las democracias del mundo. En dichos sistemas, las actividades del Ministerio Público son más transparentes y están sujetas a mecanismos de rendición de cuentas por parte de víctimas, acusados o ciudadanos que no están involucrados directamente en un proceso penal.

Actualmente, diez estados discuten sus propias reformas de Juicios Orales y ambas Cámaras del Congreso han recibido por parte de la Red Nacional a favor de los Juicios Orales un anteproyecto de reforma constitucional para establecer dicho sistema penal en todo el país. Las discusiones para reformar la constitución iniciarán en la Cámara de Diputados en febrero de 2007.[1]

¿Cuál es el nivel de transparencia en el Ministerio Público bajo el sistema penal actual?

Hasta hace poco tiempo, solamente los ciudadanos involucrados en un caso judicial tenían el derecho de conocer, a través del expediente, las investigaciones y conclusiones del Ministerio Público. El resto de los ciudadanos permanecíamos, por ley, sin información sobre la manera en que éste órgano del Estado realizaba las investigaciones para protegernos de agresores potenciales a nuestros bienes e integridad.

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