Ejemplo de estado del arte

ESTADO DEL ARTE                                                                   GRUPO Nº 2

UN SISTEMA INCIERTO PARA EL FUTURO DE NUEVOS RENTISTAS

Como grupo dimos una revisión extensa a investigaciones respecto a nuestro tema, haciendo énfasis en estudios relativos a los riesgos de pensiones y respecto a la jubilación. Es así, que los procesos de reforma de los sistemas de seguridad social en Latinoamérica siguieron distintas opciones que tienen como denominador común una tendencia privatizadora total o parcial; en el ámbito de pensiones, seis países adoptaron un enfoque sustitutivo del sistema público por el de capitalización individual, otros dos optaron por un sistema paralelo de reparto con eliminación del monopolio estatal, tres aprobaron un enfoque mixto que combina la modalidad de capitalización individual con un sistema público reformado; por último, seis países seguían manteniendo el sistema público de reparto con modificaciones orientadas a compartir los costos de las prestaciones.

Es así que según Paola Fernanda Ponce Vargas en su tesis ANALISIS COMPARATIVO CONSTITUCIONAL REFERENTE A LA TRAMITACION DE PROCESOS SOCIALEAS POR COBRO DE APORTES DEVENGADOS AL SEGURO SOCIAL DE LARGO PLAZO SEGÚN LAS LEYES DE PENSIONES Nº 1732 Y 065 nos puede advertir que la ley 065 vulnera del derecho al debido proceso y el procesamiento más de una vez por el mismo hecho y tambien el proceso coactivo social se dicta sentencia sin conocer los argumentos de la parte adversa. Como también, Se debería declarar la inconstitucionalidad algunos artículos de la ley 065 por no respetar principios procesales que es lo que nos atañe de ello es que si existen dichos riesgos y muy probable una crisis futura para los rentistas

En este sentido, el derecho a la seguridad social está estrechamente vinculado al de protección social y a la función social del Estado^[1], dos bases sustanciales de los sistemas previos a cuyo desmantelamiento se han dirigido las reformas. La reducción de la obligación empresarial de financiar la seguridad social, la creación de regímenes en los cuales los ricos se vinculan a los sistemas privados y los pobres a los públicos, y el desconocimiento de los principios constitucionales de muchos países, y principalmente del nuestro son factores que las reformas privatizadoras han promovido como un verdadero mecanismo de expropiación social de este derecho que traslada los riesgos sociales a la responsabilidad de cada individuo, ataca el principio fundamental de solidaridad y desliga al Estado de su función social.

Bolivia actualmente cuenta con un fenómeno que es el “bono demográfico” que no es más que la abundancia de gente que se encuentra en edad productiva, frente a una escasez de personas dependientes económicamente. Según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda, exactamente 60.7 por ciento de los bolivianos tiene entre 15 y 65 años, edad considerada por los expertos como altamente productiva^[2].

No obstante, según Cesar Soto Rengel en su tesis Bono demográfico y su incorporación al sistema de pensiones 2013 – 14. Nos advierte que en el análisis de los diferentes sistemas de pensiones que el sistema actual no es eficiente, y requiere de cambios. Es así, que recomienda Realizar dialogo, socializar el problema, Concientizar a la sociedad sobre el problema, Se debe buscar generar fuentes de empleo. Del mismo modo, nos indica que los bonos demográficos pueden ser perjudícales en un futuro y provocar alguna crisis

En la actualidad, las evidencias permiten afirmar que las reformas no han cumplido sus objetivos sociales ni financieros, en Bolivia se ha calificado como el fracaso de un modelo de reforma que ha desconocido los principios rectores de la seguridad social (solidaridad, universalidad, integralidad, participación tripartita e igualitaria y control social), en perjuicio de millones de trabajadores y de sus familias. No solamente no se ha ampliado la cobertura de los sistemas de jubilación, sino que se ha limitado la cobertura de los derechos integrales de la seguridad social; generando altos costos de transición de las reformas agravaron, por una parte, el déficit fiscal y, por otra, ha puesto en riesgo la propia sostenibilidad financiera del nuevo sistema, con la Gestora Pública.

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