El Estado Mexicano Y La Administración pública Federal

El estado mexicano y la administración pública federal

La administración pública es un órgano gubernamental del Estado, y en tal sentido es menester recurrir al análisis de sus orígenes, naturaleza, fines y conformación de la organización estatal para entender el aparato administrativo público.

La Constitución Política establece las bases para el desenvolvimiento del Estado y deslinda dos esferas o campos básicos de la actividad social, económica y política: el de los gobernados y el de los gobernantes. En favor de los primeros estatuye un conjunto de prerrogativas y derechos llamados garantías individuales y sociales, que en sí mismas constituyen un límite a la actuación de los gobernantes. Lo anterior se explica en virtud de que si bien es imposible que una comunidad pueda desarrollarse sin un gobierno debidamente organizado, encargado de preservar el orden jurídico por ella establecido que procure la consecución de los fines colectivos, tampoco es posible que lo anterior sea alcanzado plenamente sin el respeto del ámbito de las libertades que corresponde a los gobernados.

Del correcto equilibrio entre estos dos campos básicos de la organización política -el de los gobernados y el de los gobernantes- depende la plenitud existencial del Estado. Para tal efecto, el orden jurídico nacional desempeña un importante papel, como elemento que hace posible la vida institucional, principalmente al través del principio de legalidad que constituye la columna vertebral de la organización política, al condicionar la actividad de los gobernantes del apego a las leyes que regulan las funciones que les han sido conferidas por mandato popular y, por otro lado, el conceder a la autoridad competente la potestad y fuerza legales para sancionar a quienes se coloquen al margen de la ley. Dicho en otros términos, el Estado moderno se caracteriza por el gobierno de las leyes y no de los hombres, las cuales regulan la totalidad de los actos comunitarios, ya sea autorizándolos y prohibiéndolos.

Si el pueblo es, en ejercicio de su potestad y soberanía, inalienable; el único capaz de establecer y determinar las decisiones políticas fundamentales, rectoras de la organización total del Estado, por mayoría de razón es el único capaz de sancionar los cambios que en este campo se operen. Es una facultad que no puede transmitirse sin más a los Órganos constituidos: el pueblo, directa o indirectamente, expresa o tácitamente, es el único capaz de modificar los preceptos normativos de la Constitución pues contienen las decisiones políticas fundamentales.

Es necesario insistir en la conveniencia de distinguir al Estado como un todo de los elementos específicos que lo integran. Es importante entenderlo, como fenomenológico; como la comunidad de hombres libres, unidos por vínculos de solidaridad nacional, localizada en un territorio determinado, organizada políticamente bajo un gobierno con unidad de mando y sujeta a un orden jurídico nacional que tiende a la realización de los fines y metas sociales de la comunidad. De la integración, interacción e interdependencia de estos elementos: humano, jurídico, material y político, surge el Estado como personalidad jurídica, independiente y soberana, el Estado como unidad de asociación integrada con poder supremo.

Una vez que la asamblea constituyente formula la Constitución Política, desaparece aquélla para dar paso a la integración de los órganos gubernamentales encargados de ejercer las funciones sancionadas en el ordenamiento jurídico nacional, y es aquí cuando aparece una distinción muy importante entre estos dos tipos de órganos: constituyentes y constituidos, éstos últimos limitados al ejercicio de atribuciones específicas con apego al principio de legalidad. Dichos órganos se integran conforme al procedimiento establecido para tal efecto por la Constitución, y juntos forman una identidad que se conoce con el nombre de gobierno del Estado.

A este respecto, es conveniente distinguir los conceptos relativos al poder del Estado, que surge y radica en la unidad total, del poder gubernamental entendido como facultad de imperio y coacción para hacer efectiva la vigencia del orden jurídico nacional. También se señala la conveniencia de identificar por separado a los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que juntos forman una unidad superior llamada gobierno, el cual constituye, a su vez, uno de los elementos del Estado.

Una vez precisada la naturaleza jurídica- política del gobierno y diferenciados que fueron los órganos que lo integran, es factible iniciar el análisis del órgano Ejecutivo en particular, a fin de identificar a la administración pública como parte central del mismo. Con base en todo lo anterior, se afirma que jurídicamente y políticamente la administración pública debe ser concebida como una unidad perteneciente al órgano Ejecutivo del gobierno del Estado.

El hecho de destacar la naturaleza jurídico-política de la administración pública, no implica menospreciar la importancia del enfoque técnico en el estudio de este órgano; antes bien, en el concepto de fenómeno administrativo en un sentido amplio inciden múltiples campos y dimensiones: humano, individual y colectivo; privado y público. Dicho fenómeno entendido en su connotación más genérica -como la acción de organizarse para conseguir un propósito mediante el uso de ciertos instrumentos-, es tan amplio que no ha habido hasta el momento una disciplina encargada de su estudio que amalgame e integre todos sus componentes y que pudiera recibir el calificativo de ciencia. Tampoco existe, una ciencia de la administración pública que comprenda todos los elementos convergentes en este campo: el jurídico, el político y el técnico, razón por la cual es preciso tomarlos a todos en cuenta por separado para proporcionar un concepto amplio y completo de este fenómeno.

Queda

...